La conmemoración anual del Día Mundial de la Malaria el 25 de abril sirve como un recordatorio de que miles de personas aún mueren cada año a causa de una enfermedad que es tanto prevenible como curable. Además, se estima que la carga financiera de la enfermedad empuja a más de 100 millones de personas en todo el mundo por debajo del umbral de la pobreza cada año como resultado de los gastos menores en salud, que son los costos de atención médica que deben cubrir ellos mismos.

El gobierno de Kenia ha presentado varias iniciativas diseñadas para garantizar que todos tengan acceso a servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades financieras. El programa Universal Health Coverage (UHC) es la más reciente de estas iniciativas. Se había probado en cuatro de los 47 condados para 2022, pero no se ha implementado a nivel nacional debido a limitaciones de recursos. El Fondo Nacional del Seguro de Salud (NHIF), que está a cargo de implementar el UHC, ofrece una seguridad financiera rudimentaria. Sin embargo, el fondo solo ofrece una protección financiera limitada, siendo los pobres, los mayores de 60 años y los pacientes con enfermedades crónicas los que menos acceso tienen.

La malaria es también un serio impedimento para el crecimiento económico nacional. Este artículo proporciona una idea más clara de la escala de la enfermedad y sus verdaderos costos para la sociedad, costos que fortalecen el caso de las vacunas y otras medidas preventivas. A su vez, estas medidas no solo salvarán vidas y mejorarán el bienestar, sino que también evitarán el daño económico que la malaria inflige en los hogares y la sociedad. Las ideas de este artículo pueden ayudar a los formuladores de políticas a desarrollar medidas políticas, como reformas en el Fondo Nacional del Seguro de Salud, junto con la realización de investigaciones, especialmente en el área de la vacunación contra la malaria.

Prevalencia de la malaria en Kenia

La Organización Mundial de la Salud afirma que casi cada minuto muere un niño a causa de la malaria en África. En Kenia, aproximadamente el 70% de la población de Kenia está en riesgo de contraer malaria. Según la Encuesta Económica de Kenia de 2023, la malaria representó el segundo mayor número de casos de enfermedad con un 11.7% en 2022. Las encuestas domiciliarias anuales muestran una reducción en la prevalencia del parásito de la malaria del 8% en 2015 al 5.6% en 2020. Entre otros factores, la Organización Mundial de la Salud atribuye la tendencia a la baja en la prevalencia de la malaria a la introducción de la vacuna contra la malaria en 2019. Sin embargo, la tasa de disminución se ha ralentizado desde 2017. Esta tendencia destaca la necesidad de medidas prevenibles sostenibles alternativas para reducir y eliminar la prevalencia de la malaria en Kenia.

Los costos de la malaria en Kenia: indirectos y directos

Tanto los individuos como la economía en su conjunto sufren gastos directos e indirectos como consecuencia de la malaria. Los costos directos se refieren a los gastos incurridos debido al manejo médico de la enfermedad, mientras que los costos indirectos son los gastos incurridos debido a otras pérdidas. Estos costos van desde la pérdida de salarios hasta la pérdida de productividad y los gastos, incluida la necesidad de cuidar a los niños, en los que de otro modo no se incurriría.

Un estudio sobre Kenia estimó que el costo económico directo de la malaria tanto para el gobierno como para los hogares en niños de cinco años de edad fue de aproximadamente US$251 millones en 2009. Los costos directos totales de la malaria representan el 43.5% del costo total estimado, mientras que los costos indirectos, incluidas las muertes, representan el 56.5% de los costos totales. La muerte contribuye a los costos indirectos porque el hogar y la sociedad pierden las ganancias futuras de por vida del individuo.

El costo directo de la atención médica genera un mayor gasto de bolsillo, especialmente cuando falla la prestación de servicios públicos. Este gasto consume el ingreso disponible de los hogares, que de otro modo podrían haber gastado en productos y servicios que respaldan mejor la economía.

Los investigadores han estimado el costo indirecto de la malaria, donde un aumento del 10% en la prevalencia de la malaria reduce los salarios individuales mensuales entre un 3.3% y un 3.8%. En Kenia, la malaria provoca una pérdida anual de más de 170 millones de días laborales. Según los economistas, la malaria provoca una «penalización del crecimiento» de hasta un 1.3% anual en algunas naciones africanas. Esta pérdida a lo largo del tiempo da como resultado disparidades significativas en el PIB entre países con y sin malaria. En el sector de la educación, se estima que la malaria contribuye entre el 5% y el 8% de todo el ausentismo entre los niños que van a la escuela. Esto equivale al 50% de todo el ausentismo evitable.

Conclusión

Es fundamental que los métodos destinados a eliminar la malaria se agilicen dado su importante impacto económico. Es evidente que la mayoría de los kenianos no pueden pagar de su bolsillo. El aumento anual de la financiación para el sector de la salud debe estar respaldado por datos y priorizado hacia el acceso, la adopción y el uso de intervenciones preventivas de la malaria para reducir la carga socioeconómica de la malaria. El impacto de la vacunación contra la malaria no se puede subestimar y el despliegue nacional de la vacuna contra la malaria debe tener como objetivo aumentar la cobertura de ocho a los 47 condados.

The post Los verdaderos costos sociales y económicos de la malaria en Kenia appeared first on Globaldev Blog.

El plan de adaptación al cambio climático de Kenia -implementado desde 2013 en planes a cinco años (2013-2017 y 2018-2022)- integra las acciones climáticas en la planificación, elaboración de presupuestos y ejecución del desarrollo. Respaldado por una política nacional de mitigación del cambio climático, este enfoque da la impresión de que las intervenciones de Kenia en materia de cambio climático son competentes. Además, la Ley sobre el Cambio Climático de 2016 esboza los marcos institucionales y las funciones para gestionar y supervisar los planes de acción sobre el cambio climático del país. Sin embargo, una mirada incisiva muestra que el enfoque actual del gasto no impulsará a Kenia hacia los objetivos medioambientales esbozados en Vision 2030, el plan de desarrollo a largo plazo del país hacia la prosperidad.

La investigación de un informe encargado por la Tesorería Nacional explora el enfoque actual y presenta tres factores principales que limitan la ejecución eficaz de los planes de adaptación y mitigación del cambio climático de Kenia. Aunque no son los únicos factores, una mejor comprensión de estos señalará el camino hacia una mejora del gasto público que ayude al país a cumplir sus ambiciones en materia de cambio climático.

Demasiado poco gasto en adaptación

El primer reto para cumplir los objetivos climáticos de Kenia, reafirmados por otros socios de desarrollo, radica en su elevado gasto en mitigación climática. Este enfoque es contrario a la atención primordial que presta el país a la adaptación. Dado el estrecho espacio fiscal que no permite mucha flexibilidad presupuestaria, y los elevados niveles actuales de deuda de Kenia, es imperativo gastar en las áreas de mayor impacto.

El coste estimado de la aplicación del plan de adaptación del país asciende a 6,775,000 millones de chelines (48,000 millones de dólares) para el periodo 2020-2030. Los datos disponibles también muestran que en 2018 sólo se realizó un tercio (243,300 millones de chelines kenianos (1,700 millones de dólares) de la financiación total necesaria para las inversiones relacionadas con la adaptación al cambio climático. Esto se traduce en un déficit anual de recursos de 486,00 millones de chelines kenianos (3.0 millones de dólares).

Las estimaciones presupuestarias para el ejercicio 2023/24 muestran que los gastos del país en concepto de reembolso de la deuda , servicio de la deuda y pensiones aumentarán hasta el 49%, frente al 44% del ejercicio anterior. Esto sólo dejará un 51% (1.93 billones de chelines) de los 3.79 billones de chelines estimados para la ejecución de los presupuestos por programas a nivel nacional y de condado. Este panorama pone de manifiesto la necesidad de una asignación presupuestaria estratégica y de una racionalización del presupuesto relacionado con el clima para garantizar un gasto eficaz recurriendo a las pruebas  de lo que funciona.

Los condados necesitan más financiación para el clima

El Banco Mundial destaca que el segundo problema es la falta de atención a la acción contra el cambio climático a nivel local. La orden ejecutiva para la creación de un Departamento de Estado para el Medio Ambiente y el Cambio Climático dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente muestra que el compromiso de hacer frente al cambio climático es un interés nacional. Sin embargo, este enfoque también debería darse a nivel de condado, dado que los condados acercan la prestación de servicios a los ciudadanos.

Sin embargo, la participación de los condados en el gasto público total ha disminuido, y el gobierno nacional retiene una parte mayor de los recursos fiscales incluso en los sectores en los que se han descentralizado las funciones. Existe un solapamiento de funciones debido a ejercicios de desagregación incompletos, lo que apunta a la ineficacia de la aplicación de los sistemas de relaciones fiscales intergubernamentales.

Así, una parte sustancialde los fondos nacionales compartibles sigue estando en manos del nivel nacional. En su afán por abordar este reto, el nuevo Programa de Financiación de Acciones Climáticas Dirigidas Localmente, financiado por el Banco Mundial, dirige el apoyo hacia las comunidades de los distritos rurales y refuerza la capacidad de los gobiernos de los condados para gestionar los riesgos climáticos. Las acciones de resiliencia climática dirigidas localmente son una gran estrategia, sin embargo, la Declaración de Política Presupuestaria de 2023 no lo defiende, ya que la mayoría de las estrategias propuestas se concentran en el ámbito nacional.

Una atención desproporcionada a las energías renovables

El tercer problema que destaca la investigación es que la estrategia de financiación climática de Kenia se dirige de forma desproporcionada al sector de las energías renovables, mientras que otros sectores clave, como la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra, el transporte y la gestión del agua, reciben una financiación insuficiente. La agricultura es fundamental para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza, y los efectos adversos del cambio climático sobre el sector pueden revertir los logros conseguidos en la última década.

Además, la agricultura keniana depende de las precipitaciones, con menos de un 5% de irrigación, y el sector se ha visto afectado por la creciente variabilidad de las lluvias. El cambio climático supone un reto adicional para las perspectivas del sector, ya que pone en peligro la producción agrícola y la seguridad alimentaria por sus repercusiones en la disponibilidad de agua y la incidencia e intensidad de las plagas y enfermedades animales y vegetales. El Tesoro Nacional reitera que la financiación actual se dirige de forma desproporcionada a determinados sectores que sólo abordarán parcialmente las cuestiones climáticas y que serán necesarios esfuerzos significativos para alinear todos los sectores.

La investigación demuestra que existe una relación entre el cambio climático y las catástrofes, como el COVID-19, las sequías, los incendios forestales y las plagas de langosta en África Oriental. Por lo tanto, un enfoque político que no abarque todos los sectores no está preparado para abordar los evidentes retos sectoriales y la desproporcionada atención presupuestaria.

Es imperativo que los gobiernos y los responsables políticos adopten un enfoque holístico para abordar los complejos retos que plantean las catástrofes naturales y el cambio climático. Esto requiere una estrategia global que tenga en cuenta la interconectividad de los diferentes sectores. Además, es crucial dar prioridad a la financiación de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ayudar a adaptarse a los cambiantes patrones climáticos. Esto requerirá un cambio significativo en el enfoque presupuestario hacia soluciones a largo plazo en lugar de parches a corto plazo.

El camino a seguir

Entonces, ¿qué hay que hacer a la vista de estas conclusiones? La investigación muestra que el primer paso es mejorar el seguimiento y la notificación de la financiación climática. Esto ayudará a comprender si la financiación está satisfaciendo las necesidades climáticas y las áreas en las que existen lagunas. El resultado será una ampliación informada de las inversiones o reducciones según sea necesario.

Kenia cuenta con un Sistema Integrado de Información y Gestión Financiera que puede ser utilizado por ministerios, departamentos estatales, agencias y condados para informar regularmente sobre los gastos relacionados con el clima. Dado que la coordinación entre los actores es clave para una aplicación eficaz del plan nacional, un sistema integrado mejorará la presentación de informes entre los actores a todos los niveles.

Los retos fiscales actuales, agravados por el efecto del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, suponen un desafío único a la hora de llevar a cabo las intervenciones relacionadas con el cambio climático. También presentan una oportunidad para la participación del sector privado a través de iniciativas como las Asociaciones Público Privadas. El sector privado puede desempeñar un papel importante para reducir la brecha de financiación.

En 2018, el sector privado invirtió 98,900 millones de chelines kenianos (979 millones de dólares) en gastos relacionados con el clima, de los cuales el 65.6% procedía de empresas privadas extranjeras que financiaban proyectos nacionales y el 34.4% de empresas kenianas que utilizaban sus propios fondos.

Casi el 41% de toda la financiación climática supervisada en Kenia procede de fuentes privadas, y la mayor parte de este dinero se destina al desarrollo de fuentes de energía renovables. Se pueden proporcionar subvenciones e incentivos al sector privado para crear un entorno propicio para los inversores en todos los sectores. Se estima que la certidumbre política y la mejora de las infraestructuras públicas acelerarán la financiación climática privada hasta el 15% desde el 10% actual. Esto proporcionará 196,500 millones de chelines kenianos (1,400 millones de dólares) para el periodo de diez años (2020-2030).

El análisis coste-beneficio confirma que, a pesar del elevado coste, se obtienen grandes beneficios invirtiendo en financiación climática. Por cada dólar gastado, se obtiene una ganancia económica por valor de cuatro dólares. Aunque no se dispone de datos sobre las ganancias estimadas en Kenia, revertir el efecto del cambio climático mitigará la pérdida económica estimada actualmente en un 2.6% del PIB.  A nivel mundial, se prevé que las intervenciones contra el cambio climático produzcan una ganancia económica directa de 26 billones de dólares de aquí a 2030.

The post Tres grandes retos financieros que le podrían impedir a Kenia alcanzar sus objetivos en materia de cambio climático appeared first on Globaldev Blog.