El impacto del cambio climático es grave entre las mujeres y las niñas, que representan el 80% de las personas desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos y cuyas necesidades de salud a menudo se pasan por alto, lo que profundiza las desigualdades de género existentes. Aunque la Política Nacional de Cambio Climático de Uganda reconoce los impactos diferenciados por género, persisten desafíos en la implementación de medidas inclusivas y sensibles al género.
El cambio climático no es neutro desde el punto de vista del género. Afecta de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, en particular a las mujeres, al profundizar las desigualdades existentes vinculadas a normas culturales y sociales profundamente arraigadas. En las zonas rurales de Uganda, las normas sociales restrictivas limitan el acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos financieros, lo que socava su capacidad para abordar eficazmente los cambios climáticos y otros riesgos ambientales, a pesar de su papel central en la producción de alimentos.
Las mujeres soportan una carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado, como el suministro de alimentos, la recolección de agua y leña y otras responsabilidades domésticas. El cambio climático intensifica estas cargas al obligar a las mujeres y las niñas a recorrer distancias más largas para satisfacer sus necesidades básicas, lo que reduce su tiempo para el trabajo remunerado, profundiza la pobreza y aumenta su exposición a riesgos de seguridad. Las largas caminatas en busca de agua también contribuyen a la deserción escolar de las niñas, lo que limita su acceso a la educación y aumenta los riesgos de matrimonio precoz, malnutrición y pobreza a largo plazo.
Impacto de género del cambio climático
Estos desafíos diarios se ven exacerbados por la creciente exposición de Uganda a los fenómenos meteorológicos extremos. Las inundaciones afectan a casi 50,000 personas al año y causan más de 62 millones de dólares en daños, mientras que las sequías que afectan a 2.4 millones de personas representan una amenaza aún mayor. Por ejemplo, las sequías de 2010 y 2011 provocaron pérdidas por valor de 1,200 millones de dólares. Estas perturbaciones climáticas están estrechamente relacionadas con la inseguridad alimentaria, como se vio en la sequía de 2017, que dejó a más de un millón de personas con una necesidad extrema de asistencia alimentaria, lo que afectó gravemente a los sistemas alimentarios de los hogares, algo que es gestionado principalmente por mujeres.
El desplazamiento relacionado con el clima afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, que representan el 80% de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. El desplazamiento las expone a un aumento de la pobreza, la violencia, los embarazos no planificados, el matrimonio precoz y el acceso restringido al agua potable y al saneamiento.
A menudo se pasan por alto los impactos del cambio climático en la salud de las mujeres. El aumento de las temperaturas y la contaminación del aire elevan los riesgos de embarazo, como el parto prematuro y las complicaciones maternas. Las sequías y las inundaciones empeoran la inseguridad alimentaria, lo que contribuye a un aumento de la violencia de pareja, lo que a su vez aumenta los problemas de salud mental como el estrés y la depresión. Como señala Ruth Hollands, las mujeres representan el mayor grupo demográfico afectado por el trastorno de estrés postraumático (TEPT) después de los desastres climáticos, en gran parte debido al aumento de la violencia sexual que a menudo acompaña a tales eventos.
La política y los desafíos del cambio climático en Uganda
La política de Cambio Climático de Uganda de 2015 reconoce que el cambio climático afecta de manera diferente a hombres y mujeres y destaca la necesidad de intervenciones con perspectiva de género. Hace hincapié en el papel de las mujeres como contribuyentes esenciales a la acción climática. Sin embargo, aborda a las mujeres como un grupo en gran medida homogéneo, sin tener en cuenta las diversas experiencias y factores interseccionales que dan forma a sus vulnerabilidades, como el lugar de residencia (rural frente a urbano), los niveles de ingresos y el estado civil. Si bien la política reconoce brevemente el papel de las mujeres rurales en la acción climática, este reconocimiento limitado obstaculiza la focalización y adaptación efectivas de las intervenciones para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes grupos de mujeres.
Sobre la base de este marco, la Ley Nacional de Cambio Climático de 2021 formalizó la respuesta climática de Uganda, introduciendo medidas integrales como el seguimiento de las emisiones, la coordinación institucional, la financiación y la participación en los mecanismos climáticos mundiales. Aunque el país cuenta con un marco normativo propicio, el Plan Nacional de Desarrollo IV (NDP IV) (el plan quinquenal de Uganda destinado a acelerar la transformación socioeconómica)— pone de relieve los desafíos actuales en la implementación de medidas contra el cambio climático. Estos incluyen una financiación inadecuada, una infraestructura insuficiente y una tecnología obsoleta. Además, los retrasos institucionales siguen obstaculizando los progresos. Por ejemplo, en 2024, casi tres años después de la aprobación de la Ley, se puso en marcha un comité asesor para supervisar la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Cambio Climático de 2021, lo que pone de manifiesto las persistentes brechas entre la formulación y la aplicación de políticas.
Mujeres que impulsan soluciones climáticas
Si bien las mujeres se encuentran entre las más vulnerables al cambio climático, también poseen un inmenso potencial como agentes de cambio. Las estrategias eficaces de adaptación y mitigación del cambio climático deben dar prioridad a la igualdad de género para abordar los desafíos climáticos de manera integral. Reconociendo esto, la agencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático subraya el papel crucial de las mujeres en el desarrollo de la resiliencia climática, especialmente cuando participan de manera significativa en los procesos de toma de decisiones.
En Uganda, varias iniciativas ejemplifican el impacto transformador de la acción climática liderada por mujeres. La iniciativa Empoderamiento de las Mujeres para la Resiliencia y la Adaptación contra el Cambio Climático ha movilizado a más de 1,600 grupos dirigidos por mujeres, llegando a más de 250,000 mujeres. Cada mujer ahorra al menos 1 dólar a la semana, creando colectivamente un fondo de 2.8 millones de dólares. Estos fondos se reinvierten en empresas generadoras de ingresos y resilientes al clima, como la gestión sostenible de la tierra, la agrosilvicultura, la conservación del suelo y la adopción de tecnologías energéticamente eficientes, como cocinas mejoradas.
Del mismo modo, la iniciativa Girls for Climate Action ha establecido cinco centros de demostración climática para que sirvan como espacios de innovación para mujeres jóvenes y niñas. Estos centros les permiten diseñar, crear prototipos e implementar soluciones climáticas locales. Más allá de fomentar la innovación de base, los centros generan empleos verdes y mejoran la resiliencia de la comunidad.
En particular, la Ley Nacional de Cambio Climático de 2021 exige que al menos un tercio del Comité Asesor Nacional de Cambio Climático sean mujeres, promoviendo su inclusión en la toma de decisiones climáticas.
Este enfoque se alinea con la teoría ecofeminista, que sugiere que los roles de crianza inherentes de las mujeres las inclinan a proteger el medio ambiente. En apoyo de esto, un estudio realizado en el norte de Uganda descubrió que la capacitación de las mujeres en adaptación y mitigación del cambio climático mejoró significativamente la seguridad alimentaria. Además, estas mujeres capacitadas a menudo compartían sus conocimientos con otras, creando un efecto dominó positivo en sus comunidades.
La evidencia es innegable: empoderar a las mujeres es esencial, no opcional, para construir una resiliencia climática efectiva. Las futuras estrategias climáticas deben incorporar activamente las perspectivas de las mujeres, elevar su liderazgo y garantizar su plena participación en la toma de decisiones. También se debe dar prioridad al acceso equitativo a la educación, las tecnologías verdes y los recursos vitales para liberar todo el potencial de las mujeres como impulsoras de soluciones climáticas sostenibles.
