En todo el mundo, más de 11,5 millones de personas ingresan en prisión y una parte de dichas personas es liberada para su reinserción comunitaria, con sus consecuentes necesidades de asistencia sanitaria. La evidencia en Uganda, y en otros países de renta baja y media, muestra que los sistemas de derivación médica poco eficientes, la baja coordinación entre las instituciones penitenciaras y los servicios de salud comunitarios, así como un apoyo limitado a la reinserción, dejan a muchos exreclusos en situación de riesgo. Los Gobiernos deberían ir un paso más allá, y no limitarse únicamente a la asistencia sanitaria penitenciaria, para garantizar la continuidad asistencial tras la liberación de las personas privadas de libertad. Invertir en este tipo de enfoque es una forma de reforzar los sistemas sanitarios, reducir la carga de morbilidad evitable y garantizar que una de las poblaciones más marginadas a nivel social no siga siendo una de las grandes olvidadas.
El concepto de cobertura sanitaria universal se basa en garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades económicas por ello. A pesar de que se han llevado a cabo avances globales en la ampliación del acceso a la asistencia sanitaria, millones de personas siguen estando excluidas en lo relativo al acceso a los servicios esenciales.
Entre las personas menos consideradas están quienes salen de las instituciones penitenciarias para volver a sus comunidades. Aunque muchos países han reforzado la asistencia sanitaria penitenciaria, la continuidad asistencial tras su liberación sigue constituyendo un vacío importante. Cubrir este vacío no es solo cuestión de igualdad, sino también una innovación práctica en materia de salud pública que puede contribuir al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, reducir enfermedades evitables y acelerar los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Cada vez es más urgente tomar cartas en el asunto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que unos 4.600 millones de personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a servicios sanitarios de carácter esencial. En el marco de este extenso desafío global en materia de salud, más de 11,5 millones de personas son encarceladas en todo el mundo cada día, según un informe publicado en 2026 por la organización Penal Reform International. Las personas privadas de libertad registran niveles desproporcionadamente altos de VIH, tuberculosis, hepatitis vírica, enfermedades mentales, trastornos por toxicomanía y otras enfermedades crónicas. Pese a que muchos países han mejorado la asistencia sanitaria penitenciaria, la atención recibida suele verse interrumpida cuando la persona vuelve a su comunidad, aumentando el riesgo de que el pronóstico empeore y la transmisión de enfermedades.
Asistencia sanitaria para internos y liberados
De manera irónica, para muchas personas la encarcelación suele ser la oportunidad de someterse a la obligatoria realización de pruebas diagnósticas exhaustivas y de recibir tratamiento por primera vez. Durante su estancia en prisión, se supone que las personas internas son sometidas a pruebas para diagnosticar enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades crónicas con el objetivo de iniciar el tratamiento adecuado. No obstante, estos beneficios sanitarios suelen ser en balde, ya que los sistemas de salud rara vez cuentan con un dispositivo de apoyo estructurado que garantice la continuidad asistencial una vez fuera de prisión.
Las evidencias muestran de forma sistemática que las semanas siguientes a la liberación son uno de los periodos de mayor riesgo para las personas liberadas. Una revisión sistemática de 2024 determinó que la población liberada de prisión experimenta mayores necesidades de asistencia sanitaria que la población en general, pero que esta suele hacer un uso limitado de los servicios de atención primaria tras su puesta en libertad. La revisión también mostró que los programas coordinados para la transición cárcel-libertad, incluida la planificación para la puesta en libertad, la mejora de la atención primaria y el apoyo comunitario mejoran el uso de la asistencia sanitaria y reducen los costes sanitarios evitables. Los autores de la revisión también destacaron que existen evidencias limitadas procedentes de países de renta baja y media, poniendo de relieve la necesidad de llevar a cabo estudios a nivel local y de buscar soluciones específicas para cada contexto.
Los estudios sobre tratamiento del VIH demuestran el valor de los sistemas coordinados durante la transición cárcel-libertad. Un estudio de cohortes retrospectivo concluyó que las personas que fueron redirigidas satisfactoriamente hacia un tratamiento para el VIH poco después de su liberación eran significativamente más propensas a alcanzar la supresión de la carga viral del VIH que aquellas que fueron redirigidas más tarde.
Otros estudios, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) en 2026 y de la OMS en 2023, demuestran que los navegadores pares y el apoyo multidisciplinar empodera a quienes han tenido problemas con la justicia a la hora de reconstruir sus vidas y empezar de nuevo, así como a la hora de mejorar el cumplimiento terapéutico y la continuidad asistencial en personas con enfermedades graves de salud mental en los sistemas penales.
Estos hallazgos sugieren que la continuidad asistencial depende menos de la motivación individual y más de la coordinación efectiva entre instituciones penitenciarias, centros sanitarios y apoyo comunitario como medida para cubrir el vacío que existe entre prisión y asistencia comunitaria.
Estudios más amplios sobre sistemas sanitarios refuerzan estas conclusiones. Un informe presentado ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos identifica los siguientes elementos como prácticas fundamentales para la transición satisfactoria hacia los servicios de asistencia sanitaria: planificación para la puesta en libertad, acceso ininterrumpido a medicación, traspaso de los datos médicos, derivación médica coordinada e integración en los sistemas de financiación de la salud. Aunque estos estudios se han desarrollado en un contexto de renta alta, estos principios de continuidad, coordinación y asistencia centrada en las personas son muy relevantes en el marco de sistemas sanitarios con recursos limitados.
Evidencia en Uganda
Uganda es un reflejo de muchos de estos desafíos globales. El Servicio de Instituciones Penitenciarias de Uganda ha reforzado la asistencia sanitaria penitenciaria a través de acuerdos de colaboración con el Ministerio de Sanidad y con otras entidades colaboradoras para su desarrollo, ampliando asimismo el acceso a servicios relacionados con el VIH, la tuberculosis y a otros servicios esenciales. Aun así, la continuidad asistencial tras la liberación sigue siendo un reto importante. Las personas liberadas suelen enfrentarse a dificultades como estigma, pobreza, desempleo, limitaciones en el transporte, problemas de salud y poca coordinación entre las unidades sanitarias penitenciarias y los centros sanitarios comunitarios, lo cual incrementa el riesgo de interrupción del tratamiento y pérdida del seguimiento médico.
Una encuesta nacional sobre sanidad penitenciaria llevada a cabo por la Escuela Superior de Salud Pública de la Universidad de Makerere y por el Ministerio de Salud de Uganda determinó que la prevalencia de la tuberculosis en prisión es ocho veces superior a la de la población general y que la prevalencia del VIH sigue siendo desproporcionadamente alta entre las personas privadas de libertad.
Estos hallazgos están en consonancia con las evidencias obtenidas por la Alianza Médica Nacional de Uganda para el Apoyo a las Personas Reclusas (TUNMAPS, por sus siglas en inglés). Los estudios llevados a cabo entre la población privada de libertad y liberada en Masake y en las regiones del suroeste de Uganda determinaron que muchas personas siguen teniendo problemas para recibir asistencia sanitaria tras su liberación a pesar de haber recibido tratamiento durante su encarcelación. Los retos en materia de salud se ven agravados debido a la exclusión social, a un apoyo limitado por parte de las familias y comunidades de estas personas y a servicios de reinserción insuficientes.
Como respuesta, la TUNMAPS ha desarrollado una estrategia para paliar las carencias socioeconómicas existentes entre las comunidades marginadas y la población privada de libertad. Este marco de actuación promueve un enfoque coordinado y continuo en lo relativo a la asistencia sanitaria durante la transición cárcel-libertad a través de derivaciones médicas estructuradas, seguimiento comunitario, apoyo psicosocial y acuerdos de colaboración con centros sanitarios a nivel local. Dicho enfoque refleja las evidencias internacionales que demuestran que la continuidad asistencial es más efectiva cuando la reinserción social y sanitaria se aborda de manera conjunta.
¿Qué futuro esperar en materia de políticas sobre asistencia sanitaria a nivel global?
La lección fundamental que podemos sacar de este asunto es que la innovación en el ámbito de la salud pública debe ir más allá de la tecnología digital. Las innovaciones sociales —incluidos los protocolos estandarizados de derivación médica, los navegadores pares, los trabajadores sanitarios comunitarios y los sistemas integrados de información sanitaria— y una mayor colaboración entre servicios penitenciarios, organizaciones de la sociedad civil y ministerios, departamentos y agencias gubernamentales puede fortalecer de manera significativa la continuidad asistencial y optimizar, a su vez, el uso de los recursos existentes.
Para los responsables políticos las pruebas hablan por sí solas: la cobertura sanitaria universal debería integrar de forma explícita la transición cárcel-libertad a nivel de asistencia sanitaria en las estrategias nacionales en materia de salud. Los Gobiernos deberían definir protocolos estandarizados de planificación para la puesta en libertad; reforzar los sistemas de derivación médica; conectar instituciones penitenciarias y centros sanitarios comunitarios; integrar la salud penitenciaria en los sistemas nacionales de información sanitaria, salvaguardando a su vez la confidencialidad de los pacientes; invertir en organizaciones comunitarias que fomenten la continuidad asistencial; y financiar tanto la implementación como las investigaciones exploratorias para identificar modelos ampliables que puedan adaptarse a contextos con recursos limitados.
La cobertura sanitaria universal no puede considerarse como universal si la asistencia sanitaria termina en el momento en que termina la estancia en prisión. Consolidar la continuidad asistencial tendiendo puentes entre instituciones penitenciarias y comunidades protege la inversión previa en materia de salud penitenciaria, mejora los resultados de los tratamientos, reduce la transmisión de enfermedades evitables y contribuye a la construcción de sistemas sanitarios más resilientes. Todo ello garantiza que las personas que abandonan las instituciones penitenciarias sigan conectadas a la asistencia sanitaria y sirve como apoyo a las políticas fundamentales en materia de salud pública, una herramienta necesaria y un paso hacia adelante en la voluntad de no dejar a nadie fuera.
Esto forma parte de un debate especial sobre innovación en salud pública organizado por GlobalDev en la Red Global de Desarrollo (GDN), en colaboración con la Red de IA para la Salud para Todos (HAINet) y el Centro de Innovación Social para la Salud en América Latina y el Caribe (SIHILAC).
