Medio ambiente, energía y naturaleza

Abandonar Los Combustibles Fósiles: ¿Qué Podemos Aprender de Colombia?

8 min

by

Annabelle MOREAU SANTOS and Antoine GODIN

Con más del 50% de sus exportaciones concentradas en petróleo y carbón, la economía colombiana es altamente vulnerable a las consecuencias de la transición energética, ya sea que esta tenga lugar a nivel nacional o sea consecuencia de la dinámica global. Esto pone de manifiesto la tensión entre la estabilidad climática, fiscal y comercial. De ahí la necesidad de un enfoque holístico de la transición y de que los actores públicos se anticipen a las vulnerabilidades. 

Si bien la transición ecológica afecta ahora a todos los países, sus efectos varían considerablemente según la estructura de sus economías. Los países que dependen en gran medida de la extracción y exportación de recursos naturales son particularmente vulnerables a los desequilibrios financieros y económicos causados por una caída de estas exportaciones debido a una disminución de la demanda mundial, o por nuevas dinámicas fiscales o de empleo a escala nacionalTal es el caso de Colombia, donde los hidrocarburos representan más del 55% de las exportaciones y la industria petrolera aporta el 8% de los ingresos fiscales totales. Sin embargo, en enero de 2023, el gobierno dejó de conceder nuevos permisos de exploración de petróleo y gas, manteniendo los que ya estaban en vigor. Esta iniciativa es la continuación de la resolución de la COP28 de elaborar un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la economía colombiana y cómo podemos reducir la tensión entre las ambiciones ambientales y la estabilidad macroeconómica?

Una Transición energética compleja

Colombia se encuentra en un punto clave de su transición energética: las reservas de petróleo del país se estiman en 7.1 años de producción, mientras que las reservas de gas podrían durar hasta 6,5 años. Aunque el reciente descubrimiento de gas natural en alta mar podría duplicar esta estimación a más de 10 años, el total sigue siendo insuficiente para garantizar la sostenibilidad del suministro energético del país. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de diversificar las fuentes de energía, tanto más cuanto que, si bien las exportaciones de petróleo y carbón siguen apoyando la economía, el gas natural sigue siendo crucial para satisfacer principalmente las necesidades del mercado interno.

Esta dependencia del gas, que representa entre el 25% y el 30% de la demanda energética doméstica, es especialmente marcada durante los periodos de sequía amplificados por el fenómeno climático de El Niño, cuando la hidroelectricidad (que representa casi el 70% del mix eléctrico) sufre una reducción de su capacidad. Para compensar estos déficits, el sector termoeléctrico está aumentando su uso de gas natural, lo que en ocasiones lleva a importaciones de gas natural licuado (GNL), que es lo que sucedió en 2023. Esta dinámica y el aumento de las importaciones de gas (+2,500% entre 2022 y 2023) ponen en evidencia la fragilidad del sistema energético colombiano ante la escalada de impactos climáticos. Asimismo, Sudáfrica, también afectada por el fenómeno de El Niño, está viendo desestabilizada su producción hidroeléctrica, lo que ha llevado al país a aumentar su consumo de gas natural para asegurar su suministro energético.

La necesidad de diversificarse es cada vez más urgente en Colombia, sobre todo porque sus exportaciones de carbón, pilar histórico de la economía, están expuestas a una posible disminución de la demanda mundial tras un nuevo pico en 2023, según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Como quinto exportador mundial, Colombia podría enfrentar una erosión de los ingresos generados por este recurso en los próximos años.

Ante esto, el país está realizando esfuerzos para diversificar su matriz energética, estableciendo objetivos climáticos ambiciosos: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y alcanzar 19 GW de capacidad de energía renovable no convencional para 2050. Sin embargo, la financiación de esta transición sigue siendo un obstáculo importante. Al igual que Perú, Colombia enfrenta estrictas restricciones presupuestarias, con una relación deuda pública/PIB limitada al 55%. Perú ha introducido una ley de responsabilidad fiscal y transparencia, que fija el déficit fiscal en el 1% del PIB y limita la deuda pública al 30% del PIB. Ambos países también enfrentan un entorno de inversión internacional relativamente desfavorable, lo que dificulta su capacidad para movilizar capital extranjero. Por lo tanto, Colombia debe conciliar los ambiciosos objetivos climáticos, la creciente vulnerabilidad relacionada con el clima y la dependencia estructural de los combustibles fósiles para garantizar una transición energética sostenible.

Anticiparse a las vulnerabilidades, aprovechar las oportunidades

Para identificar las posibles opciones, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de Planificación (DNP) y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) desarrollaron el  modelo GEMMES Colombia junto con equipos de investigación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Esta herramienta se puede utilizar para simular diversos escenarios y probar políticas para la transición hacia una economía baja en carbono: ayuda a identificar las vulnerabilidades macroeconómicas, así como las oportunidades que estas transiciones ecológicas pueden generar. Este modelo empírico muestra que el país podría enfrentar una depreciación significativa de su moneda y una mayor presión sobre sus reservas de divisas, debido a la menor demanda mundial de sus exportaciones de hidrocarburos. 

Gráfico 1: Modelización de los efectos macroeconómicos de la transición energética en Colombia

Fuente: Elaborada por los autores

Las políticas centradas en la reindustrialización, la diversificación de las exportaciones y la integración en las cadenas de valor mundiales podrían mitigar los impactos macroeconómicos de la transición, aunque no pueden eliminarlos por completo. La transición ofrece a Colombia la oportunidad de diversificar su estructura productiva, integrar gradualmente nuevas industrias verdes, fortalecer su infraestructura pública, crear empleos de alta calidad y reducir su dependencia de las industrias basadas en recursos. Este proceso podría acelerar el desarrollo socioeconómico del país y mitigar ciertos efectos negativos.

El modelo también pone de manifiesto la necesidad de coordinar las políticas industrial, monetaria y fiscal para superar los retos de la reindustrialización y la diversificación, al tiempo que ofrece una mayor flexibilidad fiscal para la inversión en proyectos verdes.

Movilización de Financiación pública y privada

El  modelo de GEMMES Colombia también examinó las estrategias de financiamiento para las políticas de adaptación y mitigación, destacando las implicaciones económicas de las inversiones requeridas para alcanzar los objetivos climáticos del país. De acuerdo con los resultados, un enfoque mixto, que combine inversión privada y bonos verdes públicos, parece ser el más prometedor para respaldar las ambiciones climáticas de Colombia. Sin embargo, según el modelo, incluso en los escenarios más favorables, los riesgos y presiones fiscales asociados a la transición no pueden eliminarse por completo.

A pesar de este frágil contexto económico en Colombia, están surgiendo soluciones a favor de la gestión eficiente de los recursos naturales a través del establecimiento de un sistema energético centrado en las fuentes renovables y los minerales de transición. El plan nacional 2022-2026 hace hincapié  en la diversificación de la producción minera, centrándose en la exploración y explotación de minerales clave como el cobre y el litio, respetando las normas medioambientales e involucrando a las comunidades locales.

Al mismo tiempo, el país se está centrando en la expansión de las energías renovables para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y cumplir sus objetivos. Esta tendencia forma parte de una dinámica regional más amplia, como en Brasil, que, aunque históricamente ha dependido de la hidroelectricidad, ha logrado diversificar su matriz eléctrica, con la energía eólica representando el 10.9% y la solar el 6.9% de la producción de electricidad.

Movilización de los actores de la transición

El último reto es movilizarse. Para comprender las dinámicas de comportamiento de los actores involucrados, los equipos de investigación de la AFD están apoyando el despliegue de un juego serio, PowerShift, para fomentar el diálogo entre múltiples partes interesadas en torno al plan de acción climática de Colombia. Esta herramienta, basada en el método Commod (modelo complementario), ayuda a revelar los «patrones mentales» que influyen en las decisiones y estrategias de las partes interesadas, al tiempo que enriquece su comprensión de las cuestiones macroeconómicas.

Figura 2. Distribución por sector de los participantes en los talleres de juegos de estrategia (+150 personas en total) 

Al proporcionar una plataforma para explorar las tensiones y sinergias en el centro de la transición energética desde ángulos sociales, económicos y ambientales, PowerShift estimula el diálogo interministerial de alto nivel. Este proceso se vio reforzado por la movilización de una amplia gama de actores, desde representantes gubernamentales y de la sociedad civil hasta la empresa privada, con la participación del Viceministro de Energía, altos funcionarios del Comité Autónomo de Regulación Fiscal (CARF), el Ministerio de Vivienda, el Departamento de Planificación (DNP), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como asesores de importantes ministerios. En este contexto en el que se está configurando el futuro energético de Colombia, esta herramienta bien podría ser decisiva para fortalecer la cooperación entre los diversos actores del cambio. 

Annabelle MOREAU SANTOS
Responsable de Mediación Científica
Antoine GODIN
Economista - Modelador