El desplazamiento interno debido al cambio climático es un desafío clave al que se enfrenta la región del Sahel en África. Sin embargo, aunque muchos marcos reconocen los riesgos migratorios que plantean factores medioambientales, las omisiones son comunes en lo que respecta a la integración efectiva de la movilidad en los marcos de adaptación climática o desarrollo económico. Pasar del reconocimiento a la acción es un paso esencial para los responsables de las políticas, tanto en la región del Sahel como más allá.
Más de 4 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares en todo el Sahel solo en 2023. El desplazamiento en toda la región fue impulsado por una mezcla de conflictos, desastres naturales y estrés medioambiental, según el Informe Global 2025 del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.
A pesar del creciente reconocimiento de que el cambio climático obliga a las personas a moverse, los riesgos derivados de los factores medioambientales siguen estando poco integrados en las políticas públicas. El reto no es tanto la falta de marcos, sino la falta de traducirlos en una gobernanza coordinada y operativa.
La movilidad climática ya está moldeando los medios de vida
La región del Sahel, que se extiende por el norte de África, desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico, está en la primera línea del cambio climático. El aumento de las temperaturas, las lluvias erráticas y las sequías recurrentes están transformando la forma en que las personas viven y trabajan.
Según el informe Groundswell del Banco Mundial, el cambio climático podría llevar hasta 216 millones de personas a mudarse dentro de sus países para 2050. En todo el Sahel, esto ya está ocurriendo: las sequías impulsan la migración estacional, mientras que las inundaciones provocan desplazamientos repentinos. Los datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos de la Organización Internacional para las Migraciones confirman que ya se están produciendo movimientos a gran escala en África Occidental y Central. Estos movimientos rara vez tienen una única causa. Como destaca el IPCC, el cambio climático actúa como un “multiplicador de amenazas”, interactuando con conflictos, pobreza y una gobernanza débil.
Un marco político en crecimiento, pero un eslabón perdido
En las dos últimas décadas, han surgido importantes marcos jurídicos y políticos. La Convención de Kampala de la Unión Africana proporciona un marco vinculante para proteger a las personas desplazadas internamente, incluidas las afectadas por desastres naturales. El Acuerdo de París alienta a los países a fortalecer sus estrategias de adaptación. A nivel regional, la CEDEAO también ha desarrollado una estrategia climática.
A nivel nacional, el progreso es visible. Níger adoptó una ley sobre personas desplazadas internamente en 2018, Malí desarrolló una estrategia nacional sobre desplazamientos, Burkina Faso fortaleció los mecanismos de respuesta ante desastres y Chad integró las prioridades climáticas en la planificación del desarrollo. Sin embargo, en estos marcos la movilidad climática rara vez se trata como un tema político independiente. Las políticas medioambientales se centran en la gestión de recursos y los riesgos climáticos, mientras que las políticas migratorias se centran en el conflicto y la movilidad laboral. Como resultado, la movilidad climática disminuye entre sectores.
¿Qué ocurre en la práctica?
Un análisis más detallado de las experiencias a nivel nacional revela la brecha entre los compromisos y la implementación. En Níger, la ley de 2018 sobre personas desplazadas internamente —apoyada por ACNUR— suele considerarse un modelo. Pero en la práctica, principalmente aborda el desplazamiento relacionado con los conflictos. La movilidad relacionada con el clima sigue siendo en gran medida implícita.
En Burkina Faso, los marcos gubernamentales reconocen que la sequía ha contribuido a la migración interna. Sin embargo, las respuestas siguen centradas en la tierra, el agua y los sistemas pastoriles, sin abordar patrones de movilidad más amplios como la migración de zonas rurales a urbanas o la reubicación planificada.
En Chad, las políticas de adaptación reconocen la movilidad pastoral como una estrategia de resiliencia. Sin embargo, las intervenciones siguen operando dentro de los límites sectoriales, centrándose en el acceso al ganado y al agua en lugar de la movilidad humana como un tema de gobernanza más amplio. En toda la región, surge el mismo patrón: se reconoce la movilidad climática, pero no se gobierna activamente.
Por qué esto importa
Esta brecha tiene consecuencias reales. Las personas desplazadas por desastres y estrés medioambiental enfrentan riesgos crecientes. Estos impactos tampoco están distribuidos de manera uniforme. Trabajos recientes sobre género y desplazamiento en el Sahel (véase La crisis oculta: La lucha de las mujeres por la supervivencia en la emergencia de desplazamiento del Sahel) muestran que las mujeres desplazadas a menudo enfrentan una mayor exposición a la violencia de género, un acceso reducido a medios de vida y mayores responsabilidades en el cuidado. Estas vulnerabilidades tienen su origen en desigualdades preexistentes, que el desplazamiento tiende a amplificar.
Las pruebas de un campo de refugiados en Maradi (Níger) sugieren que la movilidad es una respuesta, no una elección. Para muchas mujeres que huyen de la violencia y el estrés medioambiental, volver a casa es una necesidad marcada tanto por la inseguridad como por la pérdida gradual de medios de vida. Esto pone de manifiesto una brecha crítica: las políticas a menudo pasan por alto cómo se vive la movilidad climática de forma diferente según el género y los grupos sociales. Como se comenta en estas reflexiones sobre la investigación en contextos de crisis, comprender el desplazamiento significa prestar mucha atención a las realidades vividas. Ignorar estas dimensiones corre el riesgo de profundizar las desigualdades y limitar la eficacia de las respuestas políticas.
El verdadero desafío: gobernanza fragmentada
El problema central no es la ausencia de marcos, sino la fragmentación. Las políticas de clima, migración, respuesta ante desastres y desarrollo son gestionadas por diferentes instituciones, a menudo con una coordinación limitada. Los sistemas de datos no están alineados y los presupuestos rara vez integran consideraciones de movilidad.
Incluso cuando existen iniciativas regionales, como las apoyadas por la Sahel Alliance, la implementación sigue siendo desigual. Esto significa que las respuestas suelen ser reactivas, centrándose en afrontar emergencias inmediatas en lugar de planificar a largo plazo. Sin embargo, la evidencia muestra que la movilidad puede favorecer la adaptación cuando es segura y está bien gestionada. La migración puede diversificar los ingresos, reducir la presión sobre tierras degradadas e incluso fortalecer la resiliencia.
¿Qué necesita cambiar?
En primer lugar, la movilidad climática debe integrarse explícitamente en las políticas nacionales, incluidos los planes de adaptación y las estrategias de desarrollo, como ya se fomenta en los Planes Nacionales de Adaptación bajo el Acuerdo de París.
En segundo lugar, los marcos legales existentes deben trasladarse a la práctica, con mandatos institucionales claros, mecanismos de coordinación y financiación, basándose en los marcos existentes de la CEDEAO.
En tercer lugar, la cooperación regional debe ir más allá de los compromisos hacia la coordinación práctica, especialmente a través de sistemas de datos compartidos y enfoques transfronterizos como la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM.
Por último, las políticas deben adoptar una perspectiva de derechos humanos, garantizando la protección y apoyando una movilidad segura y digna en línea con los marcos de protección de la ACNUR.
La movilidad climática en el Sahel ya no es una cuestión de conciencia. La evidencia está ahí. Los marcos existen. Lo que falta es la implementación. Si la movilidad sigue siendo tratada como una crisis, los riesgos podrían acentuarse.
En cambio, si se anticipa y se regula cuidadosamente la movilidad, puede formar parte de la estrategia de adaptación de la región. El reto es claro: pasar del reconocimiento a la acción.
