El acceso a la seguridad social efectiva en Latinoamérica viene determinada habitualmente por el estatus de los trabajadores en el mercado laboral – ya tengan empleos formales o informales. Esta columna explica por qué los sistemas independientes constituyen una mala política económica y social. El autor demanda un cambio hacia la seguridad social universal: no supone únicamente una medida esencial para la inclusión social, sino que también facilitaría el crecimiento empresarial, incrementaría la inversión en formación y daría lugar a más oportunidades de empleo para todos.
La protección social desempeña un papel fundamental al abordar los índices de pobreza y desigualdad de dos formas diferentes: la seguridad social para proporcionar seguro médico y pensiones a los trabajadores y asistencia social para incrementar los ingresos de la clase baja.
Al adoptar el modelo bismarckiano de seguridad social – conocido como seguridad social contributiva (SSC) – Latinoamérica limitó la cobertura a los trabajadores formales (aquellos con un empleo asalariado en una empresa que cumple con la legislación). Posteriormente, creó un sistema de seguridad social independiente para los trabajadores de la economía informal (autónomos, que trabajan en un negocio informal o que tienen un empleo asalariado en una empresa que infringe la ley) – conocida como seguridad social no-contributiva (SSNC). El resultado es, que el acceso a la seguridad social efectiva se determina por el estatus del trabajador en el mercado laboral.
La combinación SSC-SSNC es una mala política económica y social. En primer lugar, durante su vida, los trabajadores se mueven a menudo entre empleos formales e informales, que significa que a veces están protegidos por programas de SSC y en otras ocasiones por programas SSNC. Esto supone un problema debido a que normalmente los beneficios en materia de sanidad y pensiones de los programas SSC son mejores que los de los de SSNC.
En segundo lugar, los trabajadores a menudo consideran que los beneficios de los programas de SSC (financiados por un impuesto sobre el salario) no valen su coste. Por tanto, la SSC actúa como un impuesto sobre el empleo asalariado que las empresas y trabajadores intentan eludir. Para evitar la detección y multas, las empresas mantienen un tamaño pequeño y son menos productivas.
En México, por ejemplo, donde el 57% de la fuerza de trabajo es informal – el tipo de negocio habitual está formado por unos pocos miembros de la familia ampliada que no reciben un salario contractual. Si un negocio se expande, la familia puede decidir contratar empleados externos, incrementándose sus riesgos y costes. Inscribir a sus empleados en SSC añadiría un 30% o más a sus costos laborales – y si un negocio se hunde, los empleados asalariados no pueden ser despedidos por ley sin una causa “justa”.
Los países latinoamericanos comenzaron a ofrecer programas de SSNC a los trabajadores de la economía informal después de lo que los economistas denominan ‘década perdida’ de 1980 – cuando casi el 80% de los países en Latinoamérica y el Caribe sufrieron reducciones en sus niveles de PIB.
Desde un punto de vista social, los programas de SSNC son bienvenidos: los trabajadores que de otro modo no tendrían beneficios, consiguen alguno. Pero desde un punto de vista económico, los programas de SSNC subsidian el empleo informal: los trabajadores de la economía informal reciben beneficios que no están asociados con financiación ni por ellos ni por las empresas. Los programas también subsidian la evasión, puesto que los trabajadores contratados de forma ilegal reciben habitualmente beneficios de programas SSNC.
Como resultado del sistema SSC-SSNC, son demasiados los recursos que se trasladan hacia el sector informal – el subsidio al empleo en la economía informal se añade al impuesto sobre el empleo formal. Juntos, desempeñan un papel significativo contribuyendo al amplio sector informal de Latinoamérica.
El gran sector informal de Latinoamérica apunta a un fracaso de las políticas públicas. Para reducir el empleo de la economía informal, los países latinoamericanos deben avanzar hacia la seguridad social universal. Los riesgos comunes a todos los trabajadores deberían ser financiados desde las mismas fuentes de ingresos y el acceso a la seguridad social de calidad debería ser independiente del estatus de los trabajadores en el mercado laboral, haciendo posible que todos puedan estar cubiertos. Para conseguirlo, los decisores políticos necesitan encontrar otras fuentes de ingresos además de impuestos sobre los salarios, hecho que supone un desafío fiscal complejo.
Cambiar el sistema de SSC-SSNC por el de seguridad social universal es indispensable para la inclusión social. También facilitará el crecimiento empresarial, el aumento de la inversión en formación y llevará a oportunidades de empleo más productivo para todos. Es hora de que los decisores políticos tomen la iniciativa e inicien una nueva era de transformación en Latinoamérica.
