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Invertir en tribunales para aumentar la capacidad estatal de desarrollo

7 min

by

Manaswini Rao

Si bien el conjunto de herramientas estándar para avanzar en los objetivos sociales y económicos incluye políticas elaboradas por el ejecutivo y leyes aprobadas por el legislativo, se ha prestado relativamente poca atención al papel del poder judicial. Esta columna destaca la relación entre el poder judicial y los resultados en materia de desarrollo, revisando la evidencia de la investigación y presentando posibles maneras de invertir en los tribunales para fomentar la capacidad estatal de desarrollo.

Los tribunales han típicamente jugado un papel central en los puntos de inflexión críticos en la trayectoria de cualquier democracia mediante la interpretación de la constitución, los estatutos y las políticas en relación con la evolución de los contextos sociales, económicos y políticos. Si bien esto puede poner a los tribunales en desacuerdo con los que actualmente están en el gobierno, un poder judicial fuerte otorga legitimidad a las instituciones estatales a largo plazo.

Muchas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior dan forma al funcionamiento de una economía al complementar el papel de los estatutos y las políticas. Por ejemplo, la decisión en el caso Azad Rickshaw Pullers Union v. Punjab, 1980 por la Corte Suprema de India eludió el desempleo potencial de muchos tiradores de rickshaw de bajos ingresos que, bajo una nueva ley estatal, tenían que ser dueños de los rickshaws en lugar del modelo de renta usado hasta el momento, para obtener licencias para conducir.

La decisión proporcionó un nuevo plan para convertir a los arrendatarios de rickshaw en propietarios aumentando su acceso a préstamos bancarios. Esto abordaría la cuestión del empleo y preservaría el objetivo de la ley de prevenir las prácticas de explotación en el mercado de alquiler existente.

Además de la importancia de tales sentencias de los Tribunales Supremos y Tribunales Superiores, que sientan precedentes para que los sigan otros tribunales inferiores, el funcionamiento de los tribunales ordinarios de primera instancia a nivel subnacional es importante para el funcionamiento cotidiano de la sociedad.

Por ejemplo, los litigios en materia de propiedad relacionados con disputas por la propiedad de la tierra y disputas por la recuperación de deudas constituyen la mayor parte de los litigios civiles a este nivel. La resolución oportuna de esos litigios genera confianza en los contratos y protege los derechos de propiedad.

Las preocupaciones sobre la capacidad de los tribunales de primera instancia no solo se justifican en las economías en desarrollo, sino también en los países de la OCDE, como Italia y Grecia, donde el estado de casos pendientes en los tribunales y el tiempo hasta la resolución del juicio muestran un patrón preocupante con respecto al PIB per cápita (ver Figura 1). Pero poco se ha examinado empíricamente sobre esto, con el fin de identificar qué factores inhiben la capacidad de los tribunales de primera instancia y el rendimiento de las inversiones en materia de mejorar la capacidad para informar las políticas.

Figura 1: Correlación entre el PIB per cápita y el tiempo de resolución en los tribunales de primera instancia

Las primeras investigaciones en esta área analizan las instituciones judiciales históricas para explicar la eficiencia de los tribunales modernos utilizando datos agregados. Este trabajo destaca el papel que juega el formalismo procesal dependiendo de si el derecho consuetudinario inglés o el derecho civil francés sirvieron como base histórica para la práctica moderna.

Investigaciones posteriores, incluida la mía, han demostrado que la congestión judicial en forma de una acumulación creciente de litigios afecta significativamente los resultados del desarrollo a través de los mercados crediticios, el desempeño de las empresas, y los vínculos de la cadena de suministro.

La congestión judicial y los retrasos subsecuentes en la resolución de los juicios pueden deberse a varios factores. En primer lugar, los tribunales de primera instancia adjudican disputas sobre múltiples cuestiones, desde litigios en materia de propiedad hasta la recuperación de deudas y las peticiones de divorcio.

Una solución podrían ser los tribunales especializados, como los tribunales de recuperación de deudas o de quiebras. De hecho, un estudio revela que los tribunales especializados en recuperación de deudas ayudan a acelerar el pago de préstamos bancarios en India. Esto, a su vez, mejora los resultados del mercado crediticio en términos de una mayor circulación de préstamos a tasas de interés más bajas.

En segundo lugar, la congestión puede deberse a una dotación de personal inadecuada y/o la extensión variable de la jurisdicción territorial. Un estudio muestra que los tribunales de distrito con jurisdicción sobre un mayor número de municipios en Brasil están más severamente congestionados, lo que afecta su capacidad para hacer cumplir las reformas concursales.

Una causa más común de congestión son las vacantes de jueces, que es predominante en muchos países en desarrollo. Uno de mis estudios hace uso de la naturaleza cuasialeatoria de tales vacantes que ocurren a lo largo del tiempo dentro de los tribunales de distrito en la India para establecer su relación causal con la velocidad de resolución de casos pendientes. La Figura 2 muestra esta relación, lo que implica que la reducción de las vacantes de jueces tiene un efecto inmediato y persistente en el aumento de la resolución de los casos pendientes.

Las vacantes de jueces durante el ciclo de vida de un proceso de litigio afectan a los demandantes más que a los acusados. Es probable que esto tenga consecuencias distributivas, particularmente cuando los demandantes tienden a tener menos recursos en relación con los demandados, como muestra la Figura 3.

Además, como muestra la Figura 4, estas limitaciones de capacidad en la dotación de personal judicial también afectan la aplicación de las reformas subsiguientes en materia de quiebras en India (similar al contexto brasileño), lo que a su vez afecta la posible mala asignación del crédito en dichas jurisdicciones.

Figura 2: Relación entre la fuerza de jueces y la tasa de resolución de juicios

 

Figura 3: Las empresas con los activos más bajos tienen más probabilidades de recurrir a los tribunales de primera instancia como demandantes, mientras que es más probable que los demandados sean empresas más ricas.

 

Figura 4: El gráfico de la izquierda muestra una reducción en los préstamos a los prestatarios en mora y el gráfico de la derecha muestra que además de la reducción en los préstamos a los prestatarios en mora, los préstamos a prestatarios limpios aumentan en los distritos con mejor fuerza de jueces.

En tercer lugar, las prácticas eficaces de gestión del flujo de casos para agilizar el ciclo de vida de los litigios pueden aliviar la congestión. En el contexto de los tribunales civiles y comerciales en Dakar, Senegal, la investigación revela que establecer plazos estrictos para las diferentes etapas de los procesos de litigio reduce significativamente el tiempo de resolución.

Pero, con el tiempo, estos efectos de las políticas del lado de la oferta pueden ser de corta duración si la demanda de litigios responde a un aumento de la capacidad a largo plazo.  Un estudio reciente revela que los demandantes están demasiado confiados en su probabilidad de victoria en el marco de los tribunales laborales mexicanos y continúan presentando peticiones en lugar de optar por acuerdos extrajudiciales. Los investigadores muestran que este comportamiento se puede corregir de manera significativa proporcionando información adecuada en el momento de presentar la demanda. 

Si bien los obstáculos regulatorios han recibido atención como barreras al crecimiento económico a través de las clasificaciones de Doing Business y otras iniciativas, las preocupaciones sobre la capacidad estatal centradas en el poder judicial generalmente han escapado a la prominencia. Requieren atención como uno de los temas principales en la agenda de reforma de políticas.

Incluso sin incurrir en un gasto público significativo para abordar las limitaciones del poder judicial, reformas simples como arreglar vacantes, atraer talento de alta calidad y reducir los incentivos para que los litigantes retrasen los casos podrían ser inversiones de bajo costo pero de alto rendimiento.

El estado actual de la investigación en esta área solo está rascando la superficie. Necesitamos mucha más evidencia empírica y asociaciones de investigación de políticas que examinen el poder judicial para producir un conocimiento generalizable del tipo que se ha producido para el desarrollo en educación y salud.

 

Manaswini Rao
Postdoctoral Scholar, University of California at San Diego