La liberalización del comercio puede aumentar significativamente la prosperidad de las personas en países en desarrollo como México. Pero, como lo explica esta columna, para obtener los posibles beneficios del Acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano debe usar políticas internas complementarias, incluidas las inversiones en infraestructura y los esfuerzos para combatir la corrupción.
El análisis teórico y los estudios empíricos proporcionan amplia evidencia de los beneficios del comercio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encuentra que las economías relativamente abiertas crecen más rápido que las que están relativamente cerradas. La evidencia también sugiere que los salarios y las condiciones de trabajo tienden a mejorar en los países que participan más en el comercio.
Además, las regiones dentro de los países que tienen mayores incrementos en productividad sostienen una proporción creciente de sus economías dedicadas a sectores comerciables. En general, los niveles más altos de productividad generan un crecimiento económico, que a su vez puede ayudar a las personas a escapar de la pobreza.
Lo más importante es que la liberalización del comercio puede traer beneficios tangibles para la sociedad en forma de una mejor asignación de recursos, acceso a mejores tecnologías, insumos y bienes intermedios, así como una mejor competencia interna.
Sin embargo, a pesar de sus supuestos beneficios, en muchos casos el aumento del comercio ha tenido un efecto limitado en términos de estimular el crecimiento económico. Por ejemplo, México ha seguido políticas comerciales abiertas durante varias décadas, pero no ha experimentado el crecimiento sustancial que se esperaba.
Si bien es cierto que ciertos sectores dentro de los mercados emergentes se han vuelto más competitivos y ricos, los beneficios generales de la liberalización del comercio se han quedado cortos. Esto se debe principalmente a que los beneficios del comercio no se producen en un vacío económico, sino que están estrechamente vinculados a las políticas internas de un país.
También se debe tener en cuenta que las ganancias del comercio se expresan en términos netos, lo que significa que los “ganadores” ganan más con el comercio de lo que pierden los “perdedores”. Pero los perdedores tienen más incentivos para hacer que sus voces se escuchen en el debate democrático, y con frecuencia han sido más fuertes en los últimos años.
En México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha cumplido con su potencial para lograr un crecimiento económico sostenido y la reducción de la pobreza. De hecho, la economía mexicana ha crecido a un ritmo más lento que el resto de América Latina desde que entró en vigencia el acuerdo en 1993. Según El Economista, entre el 2000 y 2016, el PIB per cápita de México creció un 1% por año, mientras que el de América Latina en su conjunto creció 1.5% anual. La revista Forbes estima que en 2016, casi el 44% de la población mexicana vivía en la pobreza.
El estancamiento económico y las altas tasas de pobreza de México pueden atribuirse en gran medida al fracaso del gobierno para introducir reformas estructurales desesperadamente necesarias junto con su política comercial. También ha habido un apoyo mediocre para aquellos que se ven afectados negativamente por el comercio. Con la implementación de un nuevo Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) a la vuelta de la esquina, México finalmente debería considerar las políticas comerciales e internas como cuestiones interdependientes.
Philip Sauré, establece una relación entre los acuerdos comerciales y las políticas internas. Debido a que las políticas nacionales dictan las condiciones económicas locales, no considerarlas puede socavar los objetivos previstos de incluso el acuerdo comercial más ambicioso. Tales políticas podrían incluir medidas para alentar la competencia, para llevar los beneficios del comercio a más personas y para combatir la corrupción.
México tiene que desarrollar su capacidad para obtener los beneficios del comercio y distribuirlos de manera eficiente a la mayor cantidad de personas posible. Se necesitan reformas significativas para abordar las ineficiencias del mercado y los monopolios en las industrias nacionales, particularmente en los sectores de comunicaciones y energía. Estos distorsionan los precios para los consumidores, generan ineficiencia y crean campos de juego desiguales. Esto, a su vez, limita la productividad económica y evita un crecimiento más fuerte.
El país también debe hacer un mejor trabajo de inversión en infraestructura para que todas las regiones tengan la capacidad de participar y beneficiarse del comercio. Marcela González Rivas encuentra que la infraestructura es necesaria para estimular el desarrollo económico y utiliza estos hallazgos para explicar por qué el bajo desempeño de los estados del sur de México después del TLCAN, se debe en gran parte a las decisiones políticas que descuidaron el desarrollo de una infraestructura adecuada. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero carecen de carreteras, puertos, hospitales y escuelas básicas. Sin una infraestructura adecuada, estas áreas permanecerán marginadas del resto de la economía nacional.
México también debe garantizar que los mercados laborales y las redes de seguridad social funcionen de manera efectiva, y que todos los miembros de la sociedad puedan participar en las oportunidades creadas por el comercio. Aunque la generación de empleo es importante, no es suficiente. La OCDE, por ejemplo, sostiene que la inclusión también tiene que ver con el empoderamiento y la voz, no solo con los empleos y los ingresos.
Las acciones políticas específicas aquí incluyen asegurar un mayor acceso a una salud y educación de buena calidad, especialmente para las personas más pobres. También incluyen la implementación de marcos efectivos para alentar a más personas a la fuerza laboral, por ejemplo, incentivos fiscales destinados a disminuir el tamaño del sector informal.
Al igual que con el TLCAN, a México le resultará difícil realizar los beneficios del comercio bajo el USMCA sin políticas que eliminen la corrupción y reduzcan la violencia. Los costos de la corrupción representan entre el 2% y el 10% del PIB del país cada año. El gobierno puede comenzar a tomar en serio la lucha contra la corrupción mediante la implementación de un sistema nacional contra la corrupción que sea transparente y ejecutable, que incluya la designación de un fiscal general independiente.
México debe aprender de su experiencia con el TLCAN para asegurarse de que no se repitan los mismos errores. Esto significa considerar alternativas de políticas que pueden implementarse junto con el USMCA para mejorar los resultados y los beneficios. La política comercial puede aumentar significativamente la prosperidad del pueblo mexicano si el gobierno decide utilizar políticas internas complementarias junto con ella.
