Las políticas para reducir la desigualdad en los países en desarrollo se basan en medidas precisas de distribución de los ingresos y la riqueza tanto a nivel nacional como subnacional. Esta columna argumenta que es necesario hacer más para que los estudios de desigualdad sean más completos. Específicamente, muchos estudios que se centran en la medición de la desigualdad de ingresos y activos mejorarían mediante el uso de un conjunto diverso de índices en lugar de un solo índice. Otras mejoras potenciales serían la solicitud de recomendaciones para intervenciones políticas para una evaluación de los determinantes de la desigualdad, y la aplicación de un análisis de tendencias de la desigualdad en lugar de un estudio instantáneo.
Como contribución a la información de la política social, ha aumentado el interés en medir y examinar diversas formas de desigualdad a nivel mundial, regional y nacional. En particular, en la medición de la desigualdad, algunos estudios sobre la evolución de la desigualdad de ingresos (o riqueza) se centran en una sola medida, como el índice Gini, a pesar de sus limitaciones potenciales.
Aunque los estudios que utilizan el índice Gini son bastante informativos, el indicador no distingue los diferentes tipos de desigualdad. Por ejemplo, diversos patrones de distribución del ingreso pueden dar lugar a valores de coeficiente Gini similares. Esta limitación se puede reducir mediante el uso de otros índices para medir la desigualdad, como el índice Atkinson y los índices de entropía generalizada.
Una sola medida de desigualdad también es inadecuada para capturar diferentes tendencias de desigualdad en las partes inferior, media y superior de la distribución del ingreso. Si bien las tendencias de desigualdad pueden variar en diferentes partes de la distribución del ingreso, algunos índices son más sensibles a los cambios en, por ejemplo, la parte media (la Gini) de la distribución del ingreso. Por lo tanto, es prudente complementar el índice de Gini con otras medidas como el índice Atkinson en un análisis exhaustivo de la desigualdad.
Incluso en los casos en la que la desigualdad se mide utilizando diversos índices, se debe tener cuidado de examinar los factores que impulsan la disparidad para evitar recomendaciones inexactas.
Por ejemplo, hay estudios que indican que la reducción de la desigualdad rural-urbana sería una intervención eficaz para reducir la desigualdad general. Pero tal recomendación puede ser engañosa si no se basa en un estudio de los impulsores de la desigualdad. Si, por ejemplo, la descomposición de la desigualdad urbana y rural sugiere que la mayor parte de la desigualdad puede atribuirse a la desigualdad dentro de las zonas urbanas y dentro de las zonas rurales, entonces la reducción de la desigualdad en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas no tendría ningún efecto en la desigualdad general.
La otra debilidad importante de los estudios de desigualdad se centra en la evolución de la desigualdad total sin complementarla con la dinámica de las formas subnacionales o regionales de desigualdad. Esto de nuevo es indeseable, ya que numerosos estudios demuestran que por lo general no hay correspondencia en los cambios en la desigualdad con el tiempo a nivel subnacional y entre las regiones urbanas y rurales. Esto se complica aún más por la posibilidad de sectores económicos distintos dentro de las zonas rurales, como entre los pequeños agricultores y otras familias rurales.
El punto clave aquí es que se espera que la evolución de la desigualdad varíe según la localidad, y los análisis de la desigualdad total deben reafirmarse mediante análisis cuidadosos de la desigualdad a nivel subnacional, incluida la desigualdad rural frente a la urbana. Esto sugiere que diferentes localidades dentro del mismo país pueden requerir diversas intervenciones para detener la desigualdad.
La necesidad de emplear diversas medidas de desigualdad y analizar cuidadosamente sus determinantes debe ser un sine qua non para estudios que tienen la intención de proporcionar recetas eficaces basadas en la evidencia para la política social redistributiva.