Los marcos convencionales de migración por motivos climáticos suelen abordar el desplazamiento como un riesgo futuro. No obstante, para muchas comunidades indígenas en todo el mundo, el desplazamiento por motivos ambientales lleva mucho tiempo siendo una realidad, incluso antes de que se empezase a hablar de migraciones climáticas. La experiencia de los batwa de Uganda, así como la de los ogiek de Kenia, demuestra que el ignorar estos capítulos de la historia, en los que estas comunidades han sido desalojadas de sus tierras, conduce a la adopción de políticas migratorias y enfoques poco adecuados a la hora de proteger a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.
Se suele citar el cambio climático como uno de los principales impulsores de movilidad humana. Los titulares de prensa internacionales, que abordan desde el incremento del nivel del mar hasta sequías prolongadas, alertan de que 1,2 mil millones de personas tendrán que abandonar sus hogares a mitad de este siglo. Las proyecciones estiman que solo en África oriental habrá hasta 55 millones de personas afectadas por la movilidad interna, todo ello con un escenario climático extremo como telón de fondo.
Sin embargo, esta narrativa dominante oculta una injusticia más profunda: para muchas comunidades indígenas y marginadas, la movilidad relacionada con motivos climáticos o ambientales no es un fenómeno nuevo ni una opción siempre posible. En su lugar, el desplazamiento por motivos climáticos en la era contemporánea se ha ido materializando mediante siglos de expulsión, exclusión y movilidad forzosa.
Las comunidades indígenas a nivel global están expuestas de manera desproporcionada al impacto climático, a pesar de ser quienes menos contribuyen a las emisiones mundiales. Aunque representan apenas el 6 % de la población global, estas comunidades son guardianas de gran parte de la biodiversidad restante en el planeta. La resiliencia ambiental tiende a ser mayor en aquellos lugares en los que estas mantienen el acceso a la tierra y la responsabilidad gubernamental, frente a un nivel mayor de vulnerabilidad en aquellos lugares en los que no. Todo esto es resultado de un sistema histórico que sigue vigente y ha arrebatado sus tierras y derechos a las comunidades indígenas, dificultando además su capacidad de adaptación.
La migración por motivos ambientales no empezó con el cambio climático
Los marcos convencionales de migración por motivos climáticos suelen abordar el desplazamiento como un riesgo futuro, como una fatídica consecuencia del calentamiento global, el clima extremo o el aumento del nivel del mar. No obstante, para los pueblos indígenas en todo el mundo, el desplazamiento por motivos ambientales lleva mucho tiempo siendo una realidad, incluso antes de que se empezase a hablar de migraciones climáticas.
La expulsión forzosa para la extracción de recursos, la práctica de la agricultura a gran escala, la creación de infraestructuras y la conservación ha despojado de forma repetida a las comunidades de sus tierras, medios de subsistencia y sistemas culturales. Solo en África oriental, los batwa de Uganda, Ruanda y Burundi; los ogiek, los endorois, los sengwer, los illchamus y los yaaku de Kenia; así como los masáis de Tanzania, por mencionar solo algunas comunidades, fueron desalojados de sus territorios ancestrales mucho antes de que la migración climática pasase a formar parte de la jerga política.
Esta parte de la historia ha determinado cuáles son las poblaciones actualmente más expuestas al cambio climático, que no son otras que las comunidades expulsadas hacia tierras marginales (zonas áridas, llanuras aluviales, bosques degradados) y que tienen menos posibilidades de adaptarse, desplazarse de manera segura o mantenerse a flote cuando las sequías se intensifican y los ecosistemas se van a pique. El impacto es evidente: la movilidad (o incapacidad para desplazarse) ante los fenómenos climáticos y ambientales está aumentando en la región y las rutas de los pastores están cambiando.
Aun así, las políticas climáticas dominantes tienden a aislar los desplazamientos por motivos climáticos de estas formas anteriores de desplazamiento forzoso ambiental. La expulsión por razones de conservación, proyectos de desarrollo y realización de actividades industriales de extracción se tratan como asuntos independientes, a pesar de que están íntimamente relacionados con los cambios ambientales que ahora impulsan la migración climática. Los estudios sobre los batwa de Uganda arrojan luz sobre cómo su expulsión a lo largo de la historia ha aumentado su vulnerabilidad desde un punto de vista alimentario, sanitario y de acceso a medios de subsistencia, condiciones que ahora se recrudecen con un nivel de precipitaciones cambiante y con el aumento de las temperaturas.
Desplazamiento como medida de conservación y desalojo como medida de adaptación
Todo lo descrito se refleja claramente en el modelo global de conservación que solemos describir fundamentalmente como «conservación de fortaleza». En distintos lugares que se sitúan en África oriental, pasando por el sudeste asiático hasta llegar a América Latina, se han creado áreas protegidas, parques nacionales y refugios de vida silvestre mediante la exclusión o el desalojo de los pueblos indígenas. Las razones que lo justifican son las suposiciones coloniales de que el uso que hacen las poblaciones indígenas de la tierra no es compatible con la protección medioambiental.
Tomemos el ejemplo de los batwa. Ya en los años 30, las autoridades coloniales británicas declararon que grandes zonas de los bosques del suroeste de Uganda pasaban a ser «áreas protegidas». A principios de los 90, el Gobierno de Uganda culminó el desalojo oficializando la creación de las áreas de conservación del Parque Impenetrable de Bwindi, el Parque Nacional de Mgahinga y la Reserva Forestal de Echuya, expulsando así a los batwa, sin un consentimiento libre, previo o informado, para proteger a los gorilas de montaña. Los escasos 6200 batwa restantes sobreviven ahora en tierras marginales como «ocupantes ilegales» sin tierras propias y son altamente vulnerables al impacto del cambio climático.
Movilidad, incapacidad para desplazarse e injusticia
Las políticas climáticas tienden, además, a suponer que desplazarse es una estrategia de adaptación fácil y al alcance de todos, pero la movilidad está distribuida de forma desigual. Muchas comunidades indígenas se enfrentan a una inmovilización involuntaria o inmovilización forzada, es decir, una situación en la que son incapaces de desplazarse debido a las desigualdades económicas, la discriminación, la falta de reconocimiento legal o el apego a sus tierras ancestrales, incluso cuando las condiciones de vida se vuelven inviables. Actualmente existe el riesgo de que los batwa se conviertan en lo que los expertos denominan «población atrapada», expuesta a los daños del cambio climático, excluidas de las instancias gubernamentales y sin los recursos o derechos para trasladarse de forma segura.
Otras comunidades se ven forzadas a mudarse de forma repetida: primero, a través de la expulsión histórica; después, por medio de proyectos de desarrollo o conservación; y, ahora, debido a los riesgos relacionados con el cambio climático. Esta concatenación de desplazamientos mina la cohesión social, socava los medios de subsistencia y limita las opciones de movilidad de cara al futuro. Los desplazamientos por motivos climáticos no constituyen, por tanto, un fenómeno aislado, sino que forman parte de una ciclo de injusticia ambiental.
A pesar del reconocimiento por parte del IPCC de que la vulnerabilidad está definida por factores históricos y estructurales, las autoridades gubernamentales en materia climática rara vez atajan la continuidad de esta coyuntura y tratan las expulsiones llevadas a cabo en el pasado como hechos irrelevantes en el marco de las políticas actuales, como si el nivel de vulnerabilidad partiese de cero con cada nueva crisis.
Acercarnos a un enfoque ambiental justo en materia de movilidad climática
Un corpus jurisprudencial cada vez mayor a nivel regional y global es un punto de partida. En todo el continente africano, tenemos casos como la decisión judicial sobre el caso de los endorois de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en 2010, y la sentencia sobre los ogiek de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2017, que dictaminó en 2022 la reparación de daños. Ambas determinaron que las expulsiones de las comunidades indígenas por motivos de conservación violaban las leyes de protección de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, aunque cabe apuntar que la aplicación de ambas decisiones sigue siendo lenta y recurrida.
Los compromisos políticos a nivel regional e internacional también están cambiando. En la mayoría de los casos, se ha señalado la participación como vector principal. A nivel de la Unión Africana (UA), la Convención de Kampala (2009) sobre personas desplazadas internas y la Estrategia de la UA sobre el Cambio Climático y el Desarrollo Resiliente (2022-2032) compromete a los Estados miembro a proporcionar respuestas inclusivas y basadas en los derechos humanos.
A nivel internacional, la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas (LCIPP, por sus siglas en inglés) integran el conocimiento, la formación y la participación pública de las personas indígenas en el ámbito de la acción climática.
Sin embargo, ninguno de estos instrumentos se ha materializado en protección a nivel operativo para comunidades como la de los batwa, un grupo que sigue sin estar presente en el plan nacional de adaptación de Uganda a pesar de su vulnerabilidad extrema frente al cambio climático. Esta es una situación muy habitual entre las comunidades indígenas y minoritarias del mundo.
Por ende, un enfoque ambiental justo debería romper las barreras que separan actualmente el desarrollo sostenible, la reducción del riesgo de desastres, la gobernanza en materia de migración, la adaptación climática y el fortalecimiento de la resiliencia, sustituyendo esas divisiones por marcos de actuación participativos y basados en los derechos humanos que se apoyen en un consentimiento previo, libre e informado, así como unos cimientos jurídicos con principios que reconozcan en qué forma se fragiliza a las comunidades indígenas y por qué.
De forma concreta, eso se traduce en:
- Reconocer las tierras indígenas y el derecho a la tierra como elementos centrales para la adaptación climática;
- Catalogar la conservación, el desarrollo y la acción climática como impulsores potenciales de desplazamiento, no como soluciones neutras;
- Determinar la imposibilidad de desplazarse como un elemento de vulnerabilidad frente al cambio climático en lugar de como un fracaso individual;
- Vincular la gobernanza en materia de movilidad climática con la justicia restaurativa por la expulsión de las tierras a lo largo de la historia.
Con un impacto climático cada vez mayor, la cuestión no se reduce a cuántas personas se verán obligadas a desplazarse, sino a cuántas cuyo desplazamiento se considere aceptable, cuya movilidad (o incapacidad de desplazarse) sea ignorada y cuyas historias sean borradas. Si no paliamos estas injusticias, las políticas en materia de movilidad climática corren el riesgo de replicar la propia vulnerabilidad que buscan atajar.
