Con más del 50% de sus exportaciones concentradas en petróleo y carbón, la economía colombiana es altamente vulnerable a las consecuencias de la transición energética, ya sea que esta tenga lugar a nivel nacional o sea consecuencia de la dinámica global. Esto pone de manifiesto la tensión entre la estabilidad climática, fiscal y comercial. De ahí la necesidad de un enfoque holístico de la transición y de que los actores públicos se anticipen a las vulnerabilidades.
Si bien la transición ecológica afecta ahora a todos los países, sus efectos varían considerablemente según la estructura de sus economías. Los países que dependen en gran medida de la extracción y exportación de recursos naturales son particularmente vulnerables a los desequilibrios financieros y económicos causados por una caída de estas exportaciones debido a una disminución de la demanda mundial, o por nuevas dinámicas fiscales o de empleo a escala nacional. Tal es el caso de Colombia, donde los hidrocarburos representan más del 55% de las exportaciones y la industria petrolera aporta el 8% de los ingresos fiscales totales. Sin embargo, en enero de 2023, el gobierno dejó de conceder nuevos permisos de exploración de petróleo y gas, manteniendo los que ya estaban en vigor. Esta iniciativa es la continuación de la resolución de la COP28 de elaborar un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la economía colombiana y cómo podemos reducir la tensión entre las ambiciones ambientales y la estabilidad macroeconómica?
UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMPLEJA
Colombia se encuentra en un punto clave de su transición energética: las reservas de petróleo del país se estiman en 7.1 años de producción, mientras que las reservas de gas podrían durar hasta 6,5 años. Aunque el reciente descubrimiento de gas natural en alta mar podría duplicar esta estimación a más de 10 años, el total sigue siendo insuficiente para garantizar la sostenibilidad del suministro energético del país. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de diversificar las fuentes de energía, tanto más cuanto que, si bien las exportaciones de petróleo y carbón siguen apoyando la economía, el gas natural sigue siendo crucial para satisfacer principalmente las necesidades del mercado interno.
Esta dependencia del gas, que representa entre el 25% y el 30% de la demanda energética doméstica, es especialmente marcada durante los periodos de sequía amplificados por el fenómeno climático de El Niño, cuando la hidroelectricidad (que representa casi el 70% del mix eléctrico) sufre una reducción de su capacidad. Para compensar estos déficits, el sector termoeléctrico está aumentando su uso de gas natural, lo que en ocasiones lleva a importaciones de gas natural licuado (GNL), que es lo que sucedió en 2023. Esta dinámica y el aumento de las importaciones de gas (+2,500% entre 2022 y 2023) ponen en evidencia la fragilidad del sistema energético colombiano ante la escalada de impactos climáticos. Asimismo, Sudáfrica, también afectada por el fenómeno de El Niño, está viendo desestabilizada su producción hidroeléctrica, lo que ha llevado al país a aumentar su consumo de gas natural para asegurar su suministro energético.
La necesidad de diversificarse es cada vez más urgente en Colombia, sobre todo porque sus exportaciones de carbón, pilar histórico de la economía, están expuestas a una posible disminución de la demanda mundial tras un nuevo pico en 2023, según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Como quinto exportador mundial, Colombia podría enfrentar una erosión de los ingresos generados por este recurso en los próximos años.
Ante esto, el país está realizando esfuerzos para diversificar su matriz energética, estableciendo objetivos climáticos ambiciosos: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y alcanzar 19 GW de capacidad de energía renovable no convencional para 2050. Sin embargo, la financiación de esta transición sigue siendo un obstáculo importante. Al igual que Perú, Colombia enfrenta estrictas restricciones presupuestarias, con una relación deuda pública/PIB limitada al 55%. Perú ha introducido una ley de responsabilidad fiscal y transparencia, que fija el déficit fiscal en el 1% del PIB y limita la deuda pública al 30% del PIB. Ambos países también enfrentan un entorno de inversión internacional relativamente desfavorable, lo que dificulta su capacidad para movilizar capital extranjero. Por lo tanto, Colombia debe conciliar los ambiciosos objetivos climáticos, la creciente vulnerabilidad relacionada con el clima y la dependencia estructural de los combustibles fósiles para garantizar una transición energética sostenible.
ANTICIPARSE A LAS VULNERABILIDADES, APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
Para identificar las posibles opciones, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de Planificación (DNP) y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) desarrollaron el modelo GEMMES Colombia junto con equipos de investigación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Esta herramienta se puede utilizar para simular diversos escenarios y probar políticas para la transición hacia una economía baja en carbono: ayuda a identificar las vulnerabilidades macroeconómicas, así como las oportunidades que estas transiciones ecológicas pueden generar. Este modelo empírico muestra que el país podría enfrentar una depreciación significativa de su moneda y una mayor presión sobre sus reservas de divisas, debido a la menor demanda mundial de sus exportaciones de hidrocarburos.
Gráfico 1: Modelización de los efectos macroeconómicos de la transición energética en Colombia
