Existe evidencia considerable de desigualdades en los efectos del Covid-19 en hombres y mujeres. Esta columna explora algunas de las posibles respuestas de políticas y reflexiona sobre el tipo de datos que los gobiernos necesitan para diseñar medidas que puedan abordar los efectos no equitativos de la crisis en las vidas y los medios de subsistencia.
La pandemia mundial ha provocado daños económicos, trastornos sociales y una mayor vulnerabilidad de los grupos y comunidades marginados. Existe evidencia considerable de desigualdades en el impacto del Covid-19 en hombres y mujeres. En el mundo suceden cosas que nos preparan para abordar nuestras suposiciones y reconsiderar las prioridades con el fin de alinear los recursos nacionales para promover el cambio de políticas. El funcionamiento del gobierno también está muy influenciado por la calidad de la legislación y los reglamentos estatales.
El siguiente análisis explora las posibles medidas de las políticas y reflexiona sobre los datos que los gobiernos deben aprovechar para abordar las inequidades que conducen a resultados desiguales para las vidas y los medios de subsistencia. Teniendo en cuenta las amenazas gemelas de las inequidades de género y el Covid-19, analizamos cómo el gobierno debe trabajar para dar prioridad a las nuevas fuentes de financiamiento, la continuación de los servicios y la expansión de modelos de empleo progresivos para aliviar los efectos de la discriminación basada en el sexo en la fuerza de trabajo, especialmente aquellos vinculados al “sesgo del proveedor de cuidados”.
En medio de esta pandemia, es la posición de las mujeres como cuidadoras lo que nos obliga a considerar la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita los cambios en el bienestar de las personas y el beneficio del tiempo, limitando por ende su empleo y otros espacios de empoderamiento.
En este contexto, los debates sobre el papel del gobierno en el cuidado y el trabajo deben promover asociaciones sólidas entre los gobiernos estatales y locales. Es un marco que se ofrece para salvaguardar el contrato social mediante el fortalecimiento de los servicios asistenciales, mejorando las garantías protectoras de estos servicios y brindando capacitación y regulaciones a quienes brindan cuidados informales. Debe haber una reducción y redistribución del trabajo no remunerado basado en el análisis de género para articular los esfuerzos de preparación y respuesta de acuerdo con criterios de equidad de género y salud.
En la mayoría de los países, la discusión convencional ha girado en torno a los efectos primarios de la pandemia. Una observación común es la tensión en los sistemas de atención médica, la calidad de la prestación de atención y la aplicación de políticas monetarias y fiscales para contener las contracciones en la capacidad de las personas para trabajar y producir.
Pero también debemos considerar los efectos de factores como la preparación y la resiliencia, que son partes interdependientes de los impactos secundarios de la pandemia en las mujeres en lo que respecta al acceso a la protección social, los servicios de salud y el trabajo decente. Estos elementos son vitales para establecer formas adaptativas de protección y capacidad para aumentar la recuperación al disminuir las disparidades de género.
Este enfoque debe ser parte de un proceso continuo de alineación estratégica. Al recopilar información adecuada, no debería haber interrupciones en la planificación, asegurando la alineación horizontal del gasto para apoyar las operaciones básicas en los sistemas de protección social adaptables. Estos sistemas deben estar respaldados por datos desglosados por sexo y edad para evaluar la cobertura y eficacia de los niveles de beneficios.
Dado que las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral de la atención médica (médicos, enfermeras, parteras, trabajadores de la salud comunitaria y trabajadores de servicios de limpieza), las evaluaciones integrales de su marginación y aislamiento deben brindar flexibilidad para mitigar los efectos de la protección legal y laboral limitada para reformar la toma de decisiones a nivel nacional y global durante los brotes de enfermedades.
Los peligros no deben pasar desapercibidos ya que el marco analítico debe depender de fuentes definitivas, como datos basados en las respuestas de los expertos legales locales, leyes laborales, respuestas de los encuestados al censo sobre productividad e ingresos familiares, composición familiar, ingresos y otros documentos.
En general, la idoneidad y confiabilidad de las fuentes de seguridad de ingresos deberían ser las claves para comprender por qué los sistemas de protección social deben ser parte de un flujo constante de ingresos que sean suficientes para vivir. Debe haber un acuerdo general para soluciones paliativas inmediatas en forma de servicios esenciales de red de seguridad. Las propuestas deberían sugerir la ampliación de la elegibilidad y la igualdad de trato sobre la base de la distribución de ingresos, los servicios médicos y de salud, el empleo y los programas de mantenimiento de los ingresos para defender los derechos de la mujer.
Actualmente, es interesante notar que, lejos de conformarse con soluciones rápidas, algunos gobiernos están proponiendo ampliar la asistencia de protección social para ampliar la cobertura y la focalización para las mujeres que trabajan en el sector informal.
Por ejemplo, en Colombia, el gobierno se basa en evaluaciones de necesidades que combinan programas de desgravación de impuestos/tarifas/alquileres. Además de estas medidas, el gobierno proporciona una subvención en efectivo de emergencia de US$40, destinada a tres millones de hogares empobrecidos compuestos por trabajadores del sector informal. El objetivo es ampliar la cobertura (horizontalmente) a través del sistema de asistencia social del país (SISPEN) y, al mismo tiempo, vincular el tamaño de las transferencias (verticalmente) para incorporar un complemento de ingresos de US$150 para familias trabajadoras y mujeres en áreas específicas.
Otro aspecto es la expansión de las transferencias de efectivo que transforman el género, como los programas de gobierno a persona. Hay ejemplos en India (modalidad de propiedad de la cuenta y acceso a fondos), Pakistán (verificación biométrica para desembolsos) y Nigeria (redes de distribución de entrada/salida de efectivo).
Para los responsables de la formulación de políticas, el objetivo es establecer vías de modernización, haciendo hincapié en los programas de pago activos en lugar de pasivos para impulsar el empoderamiento económico de la mujer. La innovación es que estos programas se enfocan en la inclusión financiera de las mujeres, que es una palanca que facilita la expansión de habilidades, redes de apoyo entre pares para enmarcar la provisión de servicios financieros digitales. Los objetivos principales son prevenir la desigualdad de género y aliviar las fuentes de estrés en la salud física y mental de la mujer.
La situación actual nos insta a no ignorar el impacto de la contribución de la mujer en la lucha para alterar la pobreza crónica y la vulnerabilidad. Por lo tanto, las mujeres y su acceso al trabajo decente requieren el diseño y la implementación de una protección social sensible al género, como seguros de salud, exenciones de tarifas de salud y programas de obras públicas que se centren en la pobreza de tiempo de las mujeres.
