Desde el traslado de ganancias a la evasión de sanciones, los flujos financieros ilícitos desvían fondos de programas esenciales de lucha contra la pobreza y de infraestructuras. Cada vez son más los estudios que ofrecen a los responsables de elaborar las políticas información esencial sobre cómo afrontar este reto clave para el desarrollo.
Los flujos financieros ilícitos (FFI) constituyen un importante reto para el desarrollo de los países del Hemisferio Sur. Los países en desarrollo pierden dinero y sus economías se debilitan debido a estas transacciones ilegales de dinero a través de las fronteras internacionales.
Los FFI generan competencia desleal para las empresas nacionales, hacen que los gobiernos asignen mal los recursos económicos y facilitan la evasión fiscal, lo que aumenta la desigualdad y puede disminuir la disposición general de los ciudadanos a pagar impuestos. Los FFI también permiten a los delincuentes y a los violadores de los derechos humanos eludir las sanciones.
Gracias a la mejora de las fuentes de datos, la investigación sobre los FFI y el Hemisferio Sur ha aumentado considerablemente. Las conclusiones de estos estudios pueden ayudar a los responsables de elaborar las políticas a abordar este grave problema. En este artículo, desglosaré el tema de los FFI en cuatro subcategorías y ofreceré recomendaciones políticas para cada una de ellas.
Impedir que las empresas desplacen sus ganancias a través de paraísos fiscales
El traslado de ganancias es una cuestión compleja que ha suscitado gran atención en los últimos años. Consiste en que las empresas multinacionales trasladan sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación para reducir su carga fiscal. Los gobiernos de todo el mundo pierden ingresos.
El mundo lleva una década intentando frenar el traslado de utilidades. Pero un estudio reciente del Instituto Mundial de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-WIDER) muestra que la proporción de utilidades de las multinacionales trasladadas a paraísos fiscales creció de menos del 2 % en la década de 1970 al 37 % en 2019. A nivel mundial, el 10% de los ingresos fiscales de las empresas se pierden como resultado, lo que refleja una fuga de fondos para los países de menores ingresos.
De esta y otras investigaciones recientes se desprenden importantes conclusiones políticas:
En primer lugar, las empresas multinacionales que operan en el Hemisferio Sur tienden a trasladar sus utilidades a través de los denominados Centros Financieros Offshore (OFC). Para luchar contra esto, los gobiernos deberían considerar la posibilidad de gravar los activos intangibles, la intensidad de las exportaciones, los préstamos comerciales externos y otras transacciones de las partes. En este documento de trabajo se ofrecen más consejos políticos relacionados con los OFC
En segundo lugar, los países deberían utilizar datos de dominio público sobre el comercio internacional y nuevas metodologías para orientar mejor las normativas sobre flujos comerciales. Estas herramientas también podrían permitir una mejor detección de los precios de transferencia erróneos. Las empresas utilizan a menudo este truco (que manipula el precio de los bienes o servicios comercializados) para eludir impuestos.
En tercer lugar, las empresas multinacionales también podrían utilizar la deuda interna para desplazar utilidades. Para contrarrestarlo, los gobiernos deben limitar la cantidad de costes deducibles de impuestos.
En cuarto lugar, los países pueden aumentar sus ingresos nacionales procedentes del impuesto de sociedades si centran las auditorías en las empresas que tienen un alto riesgo de comportamiento de traslado de utilidades, que pueden identificar a través de datos a nivel de transacción.
Además, el importante crecimiento de las utilidades empresariales mundiales en relación con la renta mundial subraya la necesidad de que los gobiernos garanticen que los ingresos por impuestos de sociedades sigan el ritmo de los beneficios de las empresas.
Por último, es aconsejable promover la aplicación del proceso de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), la Ley de recortes fiscales y empleo de Estados Unidos y las iniciativas a nivel de las Naciones Unidas para mitigar el traslado de utilidades. Aunque la eficacia de estas iniciativas está sujeta a debate, es posible que hayan contribuido a evitar nuevos aumentos del traslado de utilidades.
Lucha contra la evasión de sanciones
Los responsables de elaborar las políticas suelen utilizar las sanciones como herramienta de política exterior, por ejemplo, para frenar las violaciones de los derechos humanos o disuadir a un país de hacer la guerra. Incluyen desde restricciones comerciales hasta congelación de activos y prohibición de viajar. Investigaciones recientes descubren varias formas en que los países consiguen eludir las sanciones, intercambiando bienes en secreto, por ejemplo, y las consecuencias de esta evasión.
Para que las sanciones internacionales sean más eficaces, los gobiernos necesitan mejores mecanismos de aplicación. Si pudieran mitigar el secreto financiero (cuando personas o empresas ocultan sus finanzas para eludir la ley), podrían identificar mejor los casos de evasión de sanciones, sobre todo por parte de violadores de los derechos humanos y dictadores. Además, imponer sanciones a los países vecinos que comercian con la nación sancionada ayudaría a limitar la evasión.
Además, la aplicación de métodos de control rigurosos que utilicen datos comerciales más precisos reforzaría la aplicación de las sanciones comerciales.
Por último, la investigación demuestra cómo los efectos de las sanciones comerciales sobre los mercados de trabajo afectan más duramente a los miembros más pobres de la sociedad. Los trabajadores con escasa formación tienen más probabilidades de verse obligados a trabajar en el sector informal cuando el declive del comercio internacional les arrebata sus antiguos empleos. Esta dimensión requiere más consideración y acción.
Lucha contra la corrupción y la falta de voluntad fiscal
La corrupción socava considerablemente el desarrollo de los países del Hemisferio Sur. Según un reciente artículo publicado en una revista, entre el 5% y el 10% de la ayuda del Banco Mundial fluye a cuentas financieras en paraísos fiscales en el momento del desembolso. Es necesario reforzar los mecanismos de control para evitar que las élites locales desvíen estos fondos a paraísos fiscales.
También es crucial que los gobiernos tengan en cuenta cómo afecta la ayuda internacional a la moral fiscal -es decir, a la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos- en el país receptor. Por ejemplo, los estudios demuestran que cuando los gobiernos dan prioridad a los proyectos que refuerzan la capacidad del Estado, la moral fiscal de los ciudadanos mejora, y más que cuando los fondos se destinan a otro tipo de proyectos. La moral también mejora cuando los fondos proceden de donantes multilaterales, en lugar de flujos financieros no declarados.
Aplicando estas medidas, los socios del desarrollo pueden utilizar la ayuda internacional de forma más eficaz, garantizando que tenga el impacto previsto.
Detección de la riqueza oculta y mitigación de los FFI: evaluaciones de las políticas
Muchos gobiernos han tomado medidas para detectar la riqueza oculta y mitigar la evasión fiscal. Varios trabajos publicados por UNU-WIDER estudian la eficacia de aumentar el precio fiscal del envío de dividendos a paraísos para eliminar la propiedad anónima de bienes, las amnistías fiscales y las normas de divulgación obligatoria sobre transacciones.
Surge una amplia gama de implicaciones políticas. En primer lugar, las políticas que aumentan el precio fiscal del envío de dividendos a paraísos fiscales inducen un claro aumento de la declaración nacional, incluso si sólo las establece un país. En otras palabras, animan a las personas con conexiones financieras con paraísos fiscales a declarar ingresos de capital adicionales en sus declaraciones de la renta. Como resultado, pagan una tasa más alta del impuesto sobre la renta.
En segundo lugar, las políticas de transparencia de la propiedad son eficaces en la lucha contra la evasión fiscal. Esto es así siempre que los requisitos de información conduzcan a una base de datos pública que esté sujeta al escrutinio público, y si van acompañadas de una fuerte capacidad de aplicación.
En tercer lugar, las amnistías fiscales pueden aumentar el patrimonio total declarado y los ingresos fiscales. En cuarto lugar, las normas de divulgación obligatoria que afectan a los intermediarios aumentan efectivamente los depósitos.
Se necesita capacidad estatal para aplicar estas políticas, pero parecen ser eficaces. Esto subraya aún más la necesidad de que la cooperación al desarrollo se concentre en la creación de capacidad estatal, incluido el apoyo a la lucha contra el secreto financiero.
Estas medidas políticas proporcionan un marco útil para hacer frente a los FFI y, posteriormente, para aumentar los ingresos nacionales de las empresas. La aplicación de estas medidas contribuirá a un sistema fiscal internacional más justo y transparente, al tiempo que fomentará el desarrollo sostenible.
