La migración inducida por el clima en Nigeria suele analizarse a través de las experiencias de agricultores, grupos vulnerables en términos generales y hogares desplazados. Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan barreras específicas antes, durante y después de la migración. Las investigaciones realizadas en Nigeria indican que una política migratoria que incluya a las personas con discapacidad requiere acceso a información climática, apoyo a la movilidad, protección social y una participación significativa en la toma de decisiones sobre el reasentamiento y la recuperación.
En Nigeria, la migración provocada por el clima es mucho más que una simple decisión de trasladarse de un lugar a otro. A menudo, las personas toman esta decisión después de que sus medios de vida se han visto afectados, sus viviendas se han vuelto inseguras y el acceso al agua, a los alimentos o a la atención sanitaria se ha deteriorado. Para las personas con discapacidad, esta decisión está condicionada por una cuestión adicional: ¿podrán desplazarse de forma segura y será la vida en el lugar de destino más accesible o, al menos, igual de accesible?
Esto plantea un desafío político urgente para el desarrollo. El marco jurídico nigeriano rara vez reconoce a las personas con discapacidad más allá de la noción de «vulnerabilidad», ni las hace partícipes de la gobernanza. Como consecuencia, las medidas de adaptación al clima tienden a
reproducir la exclusión de las personas con discapacidad.
La movilidad no es accesible por igual para todas las personas.
Una investigación sobre la migración inducida por el clima en el estado de Bayelsa pone de relieve cómo los impactos climáticos pueden influir en las decisiones de las personas de migrar. El estudio analiza la situación de mujeres desplazadas por inundaciones en comunidades ribereñas en Bayelsa y revela que las inundaciones, la destrucción de los medios de vida, la escasez de agua, las enfermedades, la inseguridad habitacional y el temor a futuros impactos climáticos determinaron sus decisiones de migrar o de permanecer en situación de desplazamiento.
El estudio también muestra que la intersección de roles sociales, vínculos familiares y expectativas sobre la inseguridad futura condiciona las decisiones migratorias. Asimismo, el estudio plantea una cuestión que la política sobre migración climática ha pasado mayormente por alto: ¿qué sucede con las personas que no pueden desplazarse con facilidad, de manera independiente o de forma segura?
Por ejemplo, una persona con una discapacidad motriz podría no ser capaz de llegar a un punto de evacuación o de acceder a un transporte adaptado. Una persona con discapacidad auditiva podría no recibir una advertencia sonora. Para una persona con discapacidad visual, puede resultar imposible orientarse en un refugio que le resulta desconocido. Del mismo modo, alguien que depende de medicamentos específicos o de tecnología de apoyo puede enfrentarse a interrupciones que pongan en peligro su vida durante un proceso de desplazamiento o migración. No se trata de fallos individuales, sino de deficiencias en la gobernanza, la infraestructura, la comunicación y la planificación.
La Encuesta Demográfica y de Salud de Nigeria ofrece una base de referencia importante para una planificación climática que incluya a las personas con discapacidad. Su módulo sobre discapacidad —aplicado en los 36 estados de Nigeria y en el Territorio de la Capital Federal— utiliza el «conjunto abreviado» (Short Set)) del Grupo de Washington para evaluar las dificultades para ver, oír, caminar, recordar, comunicarse y realizar actividades de autocuidado. En un análisis realizado a 67,663 personas de 15 años o más, alrededor del 12 % informó tener algún nivel de discapacidad, mientras que el 2 % presentaba una discapacidad grave. La prevalencia de la discapacidad resultó especialmente elevada en las zonas sureste y sur-sur de Nigeria, regiones que ya se encuentran expuestas a inundaciones, erosión y a la alteración de los medios de vida.
El problema va más allá de la vulnerabilidad.
Una encuesta realizada a 104 personas con discapacidad en el estado de Abia, Nigeria reveló que los participantes identificaron la pobreza, la pérdida de productividad agrícola y el deterioro del bienestar como los principales impactos del cambio climático. Asimismo, señalaron que las medidas de respuesta ante el cambio climático resultaban inaccesibles debido al estigma social generalizado, a una participación limitada en la planificación local sobre el clima y la reducción del riesgo de desastres, y a la escasez de recursos inclusivos para personas con discapacidad.
Esta encuesta replantea el problema de política pública. En lugar de limitarse a describir su vulnerabilidad, los participantes identificaron las barreras que la generan y propusieron prioridades de acción. Entre ellas se incluyen la reducción inclusiva del riesgo de desastres, el acceso a información climática y una mayor representación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre el clima.
Este hallazgo se alinea con una perspectiva más amplia de «justicia climática» y exige un enfoque basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad a la hora de formular políticas. La idea fundamental es que las personas con discapacidad no deben ser consideradas únicamente como receptoras vulnerables de protección; ellas poseen conocimientos y participan en la gobernanza climática. Excluirlas conduce a resultados menos eficaces en las políticas.
La migración puede ser una forma de adaptación, pero solo cuando las personas tienen opciones.
Un estudio sobre el clima y los conflictos en el norte de Nigeria revela que el cambio climático, la pérdida de medios de vida, la inseguridad y la migración están estrechamente relacionados. El aumento de las temperaturas, la desertificación, la irregularidad de las precipitaciones y la disminución de los recursos hídricos y de pastoreo socavan la agricultura y el pastoreo, convirtiendo a la migración en una estrategia de adaptación fundamental. La migración puede fortalecer la resiliencia cuando las personas tienen la posibilidad de desplazarse de forma segura, acceder a medios de vida y mantener sus redes sociales.
Sin embargo, la migración también puede convertirse en un desplazamiento por necesidad extrema cuando los hogares no cuentan con alternativas viables. Esta situación puede agravar la vulnerabilidad cuando la migración es forzosa, el transporte resulta inaccesible, no existen servicios de apoyo y las personas desplazadas son ubicadas en asentamientos que carecen de atención sanitaria, vivienda accesible u oportunidades para generar ingresos. Para las personas con discapacidad, la disyuntiva puede no ser entre quedarse o migrar, sino entre permanecer en un entorno inseguro o trasladarse a otro igualmente inaccesible.
Los fundamentos jurídicos de Nigeria
La Ley sobre el Cambio Climático de 2021 de Nigeria constituye una base importante para la acción climática. Esta normativa exige identificar los riesgos climáticos y a las poblaciones vulnerables, elaborar planes nacionales de adaptación, fomentar la participación pública, evaluar los riesgos climáticos e integrar la reducción del riesgo de desastres en los programas de desarrollo. Asimismo, contempla la representación de las personas con discapacidad en el Consejo Nacional sobre el Cambio Climático. Del mismo modo, la Ley de 2018 sobre la prohibición de la discriminación contra las personas con discapacidad establece obligaciones concretas en materia de accesibilidad y no discriminación. Surgen otras obligaciones en el marco de la Normativa Nacional sobre Cambio Climático 2021–2030, así como de los compromisos de la Contribución Determinada a Nivel Nacional del país en virtud del Acuerdo de París de 2015.
Sin embargo, la brecha entre reconocer la discapacidad como una cuestión de justicia climática e incorporarla a la política climática se hace evidente al analizar el caso de Nigeria en el contexto de las prácticas internacionales. La evidencia comparada sugiere que la inclusión de las personas con discapacidad resulta más significativa cuando se integra en las políticas climáticas y en los procesos habituales de gobernanza climática, en lugar de abordarse como una cuestión aparte.
Por ejemplo, La Contribución Determinada a Nivel Nacional de Vanuatu reconoce la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones climáticas a nivel nacional. En Bangladesh, las organizaciones de personas con discapacidad han aportado conocimientos a la reducción del riesgo de desastres y a la preparación comunitaria; además su Ley sobre los Derechos y la Protección de las Personas con Discapacidad (2013) instruye a las autoridades a dar prioridad a las personas con discapacidad en las labores de socorro y recuperación ante desastres.
Estos ejemplos demuestran que la gobernanza climática, la planificación ante el riesgo de desastres y el diseño de medidas de adaptación deben incorporar consideraciones sobre la discapacidad desde el principio, tratando a las personas con discapacidad como participantes activos en lugar de verlas únicamente a través del prisma de la vulnerabilidad, como meras receptoras de protección.
En este contexto, el marco normativo de Nigeria revela una brecha entre la representación y la implementación. La Ley sobre el Cambio Climático (sección 5(1)(s)(iii)) contempla el nombramiento de un representante de las personas con discapacidad en su órgano rector, el Consejo Nacional sobre el Cambio Climático, al cual se le ha encomendado abordar la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. Sin embargo, solo se asigna un único puesto y no se establecen otras obligaciones en materia de planificación de la adaptación o gestión del riesgo de desastres. Tampoco lo hace el Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático. Por tanto, si bien Nigeria reconoce la inclusión de las personas con discapacidad en su marco jurídico, esto no se ha traducido en medidas políticas sustantivas.
¿Qué deberían hacer los responsables de las políticas?
Los responsables de las políticas en Nigeria deben recopilar datos desglosados por discapacidad en las evaluaciones de riesgos climáticos, la planificación de evacuaciones, el registro de desplazamientos y las evaluaciones de necesidades tras un desastre. Los sistemas de alerta temprana deben emplear múltiples formatos accesibles, tales como texto, audio, lengua de señas, subtítulos, comunicación mediante imágenes y lenguas locales. El transporte para evacuaciones, los refugios temporales, los lugares de reasentamiento y los servicios públicos deben cumplir con las normas de accesibilidad. Asimismo, los planes deben contemplar el acceso a medicamentos, productos de apoyo y asistencia personal, así como garantizar la continuidad de la atención sanitaria; además, las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en el diseño y el seguimiento de las políticas climáticas.
Quienes formulan políticas en Nigeria deben, además, vincular la acción climática inclusiva para las personas con discapacidad con la protección social. La migración provocada por el clima no puede considerarse una estrategia de adaptación exitosa si algunas personas no pueden desplazarse de manera segura, no tienen acceso a protección tras el traslado o quedan excluidas de las decisiones sobre dónde y cómo vivirán. Una Nigeria resiliente al clima debe garantizar que la movilidad sea accesible, voluntaria y digna, o bien ofrecer alternativas seguras y con el debido apoyo para quienes permanecen en situación de desplazamiento.
Este artículo de blog forma parte de una serie especial lanzada en el contexto del trabajo que la Red de Desarrollo Global (GDN) está llevando a cabo en estrecha colaboración con el Centro para Soluciones Sistémicas y el centro global Future Earth US, en apoyo de la Acción de Investigación Colaborativa (CRA) del Foro Belmont sobre Enfoques Integrados de la Migración/Movilidad Humana.






