El cambio climático está contribuyendo al desplazamiento de millones de personas y creando vacíos jurídicos que los movimientos extremistas aprovechan. La ausencia de medidas de protección legal para las personas desplazadas por motivos climáticos nutre un ciclo peligroso que abarca desde la migración irregular hasta la violencia contra las personas migrantes. Para abordarlo, los responsables políticos deberían priorizar la creación de vías legales para la movilidad climática.
En 2050, los efectos del cambio climático, como la escasez de agua, el fracaso de las cosechas y el aumento del nivel del mar, podrían suponer el desplazamiento de 216 millones de personas de manera interna, sin contar con aquellas que cruzan las fronteras. Las personas que se desplazan sin protección legal pasan a ser más vulnerables frente a la explotación criminal y a los movimientos políticos extremistas. Dejar a dichas personas en una situación jurídica precaria no solo es una manera de fallarles, sino que también crea las condiciones para la violencia política.
Un ciclo que se retroalimenta
A lo largo de las distintas regiones y contextos políticos, encontramos un ciclo que aúna estrés climático, migración desprotegida y extremismo político. El estrés climático mina la gobernanza, dado que los Estados se ven en la imposibilidad de proporcionar agua, comida y servicios básicos, lo cual hace que las personas se desplacen. Sin vías legales, dichos movimientos de personas se realizan de forma irregular. Y la migración irregular se convierte en pasto para los discursos extremistas sobre invasión, caos y amenazas al modo de vida civilizado, contribuyendo así a la radicalización y al convencimiento de una parte de la población.
En el Cuerno de África, al Shabaab ha aprovechado las condiciones de sequía para reclutar a personas entre la población desplazada mediante la distribución de comida y agua en lugares a los que el Estado no podía llegar, posicionándose como una alternativa al Gobierno. En Siria e Irak, el Estado Islámico controlaba sistemáticamente las infraestructuras hídricas, desviando ríos, inundando pueblos y vendiendo después el agua a la población desesperada. De hecho, un análisis global determinó que el terrorismo ambiental relacionado con las fuentes de agua aumentó más del triple entre 1970 y 2016.
El uso de la brecha legal como arma
Lo que convierte este ciclo en algo tan peligroso es el núcleo de este vacío legal. El derecho internacional sigue sin reconocer a las personas desplazadas por motivos climáticos como un grupo que necesite protección. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no fue diseñada pensando en la degradación ambiental o en los desastres naturales, y no hay ningún instrumento jurídico vinculante que cubra este vacío. Eso significa que las personas que huyen de los efectos del cambio climático son forzadas a seguir las mismas vías irregulares de entrada que otros migrantes indocumentados, expuestas a redes de tráfico ilícito de migrantes, explotación laboral, arresto y deportación.
Existe un conjunto dispar de medidas de protección limitadas, pero su falta de homogeneidad es la prueba más clara de que existe un vacío. La Convención de Kampala vincula a los Estados africanos en lo relativo a la protección de las personas desplazadas de manera interna en caso de desastres, incluyendo el cambio climático, pero su ámbito de protección no excede las fronteras nacionales. De manera similar, el Tratado de la Unión Falepili entre Australia y Tuvalu creó el primer itinerario bilateral del mundo para la movilidad climática, aunque solo para 280 personas al año desde un solo país.
Están aumentando los litigios nacionales sobre desplazamientos por motivos climáticos, pero cada victoria se integra únicamente dentro de la jurisdicción competente y emisora. Los expertos llevan tiempo documentando la razón por la que aún no se ha puesto en marcha algo más extenso: no están claros los límites entre la migración voluntaria o forzada en la mayoría de los desplazamientos, convirtiendo los litigios y la definición de políticas en un tema político especialmente esquivo. Por último, los esfuerzos por aumentar el nivel de protección siguen siendo lentos y sujetos a recurso, dejando a millones de personas sin protección oficial y a muchas más sin protección a efectos prácticos.
Este «limbo legal» perjudica a las personas migrantes y provee munición política a aquellos actores políticos que buscan mantenerlas fuera del territorio. Sin marcos claros de protección, toda persona desplazada por motivos climáticos que llega a través de vías irregulares de entrada al territorio se convierte en una «prueba» para quienes describen la migración como una crisis que debe ser atajada.
Esta distinción es importante, ya que el vacío legal puede ser aprovechado tanto por redes delictivas como por actores extremistas. Los traficantes ilícitos de personas migrantes se aprovechan de la desesperación; los partidos extremistas ganan poder apoyándose en plataformas contra la inmigración; y los grupos terroristas reclutan miembros entre la población desplazada. La ausencia de vías legales para la movilidad climática aumenta la dependencia con respecto a las vías de entrada ilegales, lo cual alimenta los muchos discursos que frenan la protección.
Una fachada verde
Al mismo tiempo, los grupos extremistas están adoptando el propio discurso ambiental como justificación. Aproximadamente uno de cada cinco encuestados en el Reino Unido estaba de acuerdo con la ideología ecofascista: la creencia de que la inmigración constituye una forma de destrucción ambiental y de que la acción violenta contra los inmigrantes está justificada como medio de protección de la pureza ecológica de la nación.
Las preguntas de la encuesta fueron directamente sacadas del manifiesto del autor de los atentados de Christchurch, que describía la inmigración como una «guerra ecológica». No obstante, esos mismos encuestados no obtuvieron puntuaciones altas en lo relativo a la preocupación ambiental ni se identificaban como defensores del medioambiente. Los investigadores describen este fenómeno como «políticas aguacate», un término para hablar de posturas políticas verdes por fuera, pero de extrema derecha por dentro. Las preocupaciones ambientales se convierten en una fachada apropiada detrás de la que camuflar posiciones autoritarias y de nacionalismo étnico que existían previamente.
De hecho, tanto el autor de los atentados de El Paso como el de los de Christchurch invocaron la sostenibilidad ambiental como argumento para justificar el asesinato masivo de inmigrantes. En 2019, el autor del atentado de Christchurch se declaró ecofascista en un manifiesto que calificaba la inmigración como una amenaza ambiental y mató a 51 personas. Cinco meses después, el autor de los atentados de El Paso, que calificó el caso de Christchurch como su modelo, mató a 23 personas y justificó su ataque como una defensa frente a la degradación ambiental que él achacaba a la inmigración.
Los investigadores describen ambos manifiestos como el replanteamiento de la exclusión racial como la salvación del medioambiente, que cataloga la migración como una amenaza ambiental en lugar de como una respuesta humana predecible ante los cambios ambientales.
El núcleo de esa escalada es donde se concentra el peligro. Una encuesta experimental en 2025 a casi 2.000 residentes en el Reino Unido determinó que la desesperanza climática y una sensación de fractura social, combinada con una predisposición al autoritarismo y a la dominación social, incrementan significativamente la propensión a tener ideas ecofascistas, lo cual sugiere que la crisis climática puede estar aumentando el número de personas que pueden verse influidas por estos movimientos.
Poner fin a la brecha
Los responsables políticos deberían dar prioridad al aumento de las vías de entrada legales para aquellas personas afectadas por el cambio climático. Crear vías formales para la movilidad climática reduce la necesidad de recurrir a vías irregulares de entrada que la narrativa extremista pueda explotar y que sirvan para convertir la migración en un proceso regulado. La Convención de Kampala y el Tratado de la Unión Falepili entre Australia y Tuvalu muestran que los marcos de actuación vinculantes son posibles, pero siguen siendo excepciones en vez de prácticas habituales.
Hasta que existan dichos marcos de actuación, se puede hacer uso del litigio estratégico para aumentar el conjunto de medidas de protección. Una revisión sistemática de los casos de migración climática en los seis continentes mostró que no hay una única teoría del derecho que brinde protección de manera completa; la revisión determinó que los mejores resultados se obtenían cuando los abogados empleaban el litigio estratégico. Las iniciativas como el Climate Mobility and Legal Innovation Program (‘Programa de Movilidad Climática e Innovación Jurídica’) forman actualmente a abogados, jueces y fiscales para implantar estas estrategias deliberadamente, de forma que las victorias aisladas empiecen a acumularse hasta constituir un conjunto de medidas legales de protección en lugar de una lista de excepciones.
La inversión también debería dirigirse hacia la gobernanza. El informe Groundswell del Banco Mundial estiman que la acción coordinada en materia climática y de desarrollo podrían reducir la migración interna por motivos climáticos en hasta un 80 %.
Por último, el propio discurso empleado es un medio de influencia. Un estudio experimental descubrió que la deshumanización del lenguaje empleado a la hora de hablar de los inmigrantes incrementa de forma cuantificable el apoyo a las políticas restrictivas por medio de la ira y la aversión. Las encuestas en Estados Unidos y Alemania muestran que la población ya percibe a las personas migrantes por motivos climáticos como más merecedoras de apoyo que las personas que emigran por motivos económicos, precisamente porque su desplazamiento se entiende como ajeno a su voluntad.
La migración se ha convertido en una de las formas de adaptación de la humanidad ante el cambio climático. Ahora, la cuestión consiste en saber si los Gobiernos definirán marcos legales e institucionales que conviertan la migración en algo seguro, regulado y productivo, o si la ausencia de estos marcos seguirá alimentando el extremismo contra el que esos mismos Gobiernos dicen luchar.
Este artículo de blog forma parte de una serie especial lanzada en el contexto del trabajo que la Red de Desarrollo Global (GDN) está llevando a cabo en estrecha colaboración con el Centro para Soluciones Sistémicas y el centro global Future Earth US, en apoyo de la Acción de Investigación Colaborativa (CRA) del Foro Belmont sobre Enfoques Integrados de la Migración/Movilidad Humana.
