Burkina Faso lleva varios años enfrentándose a una crisis de seguridad sin precedentes que debilita profundamente los cimientos de su desarrollo, afectando en especial a los sectores de la salud y de la educación y privando a la población más vulnerable de sus derechos fundamentales. A pesar de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno y por sus colaboradores para mitigar los efectos de la crisis, especialmente a través de la contratación y la formación de trabajadores sanitarios y profesores comunitarios, estas intervenciones han resultado ser insuficientes a la hora de abordar la vulnerabilidad estructural de estos sectores. Los estudios muestran que el fortalecimiento de la resiliencia y la financiación de servicios sociales básicos debe ser una prioridad política clave.
Burkina Faso se enfrenta desde 2014 a ataques terroristas atribuidos a menudo a la falta de gobernanza, a una tasa de paro juvenil muy elevada y a desigualdades significativas en materia de acceso a oportunidades, entre otros. Todos estos factores han contribuido a generar un clima de desconfianza entre responsables políticos y ciudadanía. Además de las graves consecuencias humanitarias, con más de 2 millones de personas desplazadas internas en todo el territorio nacional a 31 de marzo de 2023, esta crisis ha debilitado considerablemente la capacidad del Estado y de los gobiernos regionales para proporcionar servicios esenciales. En este contexto, los efectos reales de la crisis en los sectores de la educación y de la salud son considerables.
Colegios cerrados y alumnos desplazados
La crisis de seguridad ha afectado significativamente al sector educativo, dando como resultado el cierre de las infraestructuras escolares y privando a miles de niños y niñas de una educación. Estas interrupciones alcanzaron su nivel más alto en 2022, con el cierre de 6.253 centros educativos, lo cual representa el 23,98 % del total de colegios en el país. Entre 2021 y 2024 (31 de marzo), la situación afectó a una media de 806.598 estudiantes al año, de los cuales el 48,28 % eran niñas y el 51,72 % eran niños.
No obstante, gracias al proceso de estabilización y de restauración de la autoridad estatal en zonas que se enfrentan a grandes desafíos en materia de seguridad, los colegios han ido reabriendo sus puertas de manera gradual. Por ejemplo, al 31 de marzo de 2024, 1.304 colegios habían vuelto a abrir sus puertas, es decir, aproximadamente una cuarta parte de los colegios que habían cerrado previamente. Los colegios también han tenido que ser reubicados para garantizar la continuidad de los servicios educativos para los estudiantes desplazados de manera interna. Asimismo, ha sido necesario poner en marcha medidas de adaptación, como la construcción de espacios temporales de aprendizaje y el uso de instalaciones exteriores como aulas. De los 25 centros escolares reubicados en 2021 se ha pasado a 559 centros reubicados a 31 de marzo de 2024.
El debilitamiento de los servicios sanitarios
Al igual que el sector educativo, la crisis de seguridad ha afectado también al sector de la salud, motivo por el que los centros sanitarios se han visto forzados a funcionar a niveles mínimos de capacidad o a cerrar. La situación deja sin servicios sanitarios a un gran número de personas. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2024, el número de centros sanitarios cerrados pasó de 97 a 424, afectando directamente al acceso a asistencia sanitaria de una media de 2,5 millones de burkineses. No obstante, se han realizado esfuerzos para abrir de nuevo algunos de esos centros. En septiembre de 2024 habían reabierto 52 centros sanitarios.
Con todo, se han puesto en marcha una serie de medidas concretas para permitir la continuidad de los servicios esenciales y garantizar su acceso a la población. Aun así, todavía debe evaluarse el impacto de estas medidas en una población ya agotada ante esta situación.
Adaptación inicial y estrategias de resiliencia en materia de educación y salud
En el ámbito de la educación, las diversas partes implicadas han contratado y formado a 880 profesores comunitarios, creado una Secretaría Técnica de Educación en Situaciones de Emergencia (ST-ESU, por sus siglas en francés), instalado aulas en municipios colaboradores e introducido la educación gratuita para los estudiantes desplazados internos (IDS, por sus siglas en inglés), así como apoyo académico para este alumnado durante las vacaciones escolares. Asimismo, se ha desarrollado una Estrategia Nacional de Educación en Situaciones de Emergencia (2019-2024) para garantizar la asistencia a los estudiantes desplazados. Esta estrategia permite hacer un seguimiento de los niños y niñas que no reciben enseñanza formal, facilitar el aprendizaje a distancia (a través de la radio y la televisión), las clases de apoyo y la adaptación de las infraestructuras abiertas existentes.
Además de ello, Burkina Faso ha impulsado la fabricación de 260 nuevas aulas prefabricadas, la construcción de espacios temporales de aprendizaje y el uso de aulas construidas, aunque no estén totalmente equipadas.
Para hacer frente a los desafíos en materia de salud en medio de la crisis de seguridad, las partes implicadas han contratado y movilizado a 15.255 trabajadores sanitarios comunitarios (a diciembre de 2024) para compensar la salida forzada de otros profesionales sanitarios. El papel de los Comités de Gestión Sanitaria (COGES) se ha visto reforzado a la hora de gestionar, planificar y hacer un seguimiento de los centros sanitarios gracias a la adopción de la Estrategia Nacional de Salud Comunitaria (2024-2028) en mayo de 2024. Se han desplegado, además, clínicas móviles. El Ministerio de Salud ha creado también una unidad específica para la gestión de emergencias por medio de la colaboración con ONG nacionales e internacionales para desarrollar programas flexibles y adaptados a las crisis. Toda la atención recae en el papel central de los Centros de Salud y Promoción Social (CSPS, por sus siglas en francés), que proporcionan el paquete básico de salud (curativo, preventivo y servicios de promoción de la salud, que cubren el 90 % de las razones por las que se solicita asistencia médica), con el apoyo de los oficiales comunitarios de enlace contratados a nivel local. Estos oficiales tienen el beneplácito de las comunidades y son capaces de mantener relaciones con la Administración en áreas de difícil acceso.
A pesar de estas iniciativas, siguen existiendo desafíos importantes. Estos desafíos plantean cuestiones sobre las medidas concretas que deben reforzarse para atajar de manera duradera la inseguridad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en beneficio de la población.
Lecciones aprendidas a partir de los estudios
Más allá del caso de Burkina Faso, los estudios sobre contextos frágiles y afectados por los conflictos destacan varias condiciones fundamentales para la continuidad de los servicios sociales básicos.
En primer lugar, la flexibilidad de los sistemas parece ser un factor clave. Los enfoques rígidos tienen una muy baja capacidad de adaptación a los entornos inestables, mientras que las soluciones flexibles, como los colegios modulares, el aprendizaje a distancia o las clínicas móviles, entre otros, ayudan a mantener la prestación de los servicios. En segundo lugar, los enfoques comunitarios tienen un papel central. Recurrir a agentes comunitarios, como profesores o trabajadores sanitarios comunitarios, permite mejorar la aceptabilidad de las intervenciones, así como su eficacia, para la población residente en áreas de difícil acceso. Es más, la coordinación entre los agentes públicos y humanitarios y los colaboradores técnicos es esencial para evitar la fragmentación de las intervenciones y garantizar una respuesta coherente y continuada. La existencia de líneas de financiación flexibles y predecibles es también un factor clave para garantizar la continuidad del servicio en contextos marcados por la incertidumbre. Por último, los sistemas informáticos adaptativos que permiten la recogida de datos en tiempo real son esenciales para guiar la toma de decisiones y optimizar el aprovechamiento de los recursos.
En gran medida, las iniciativas puestas en marcha en Burkina Faso están en línea con estas lecciones. Aun así, su eficacia seguirá estando estrechamente definida por las condiciones de seguridad. Además, la estabilización duradera de los territorios cuyo control ha sido recuperado es una condición imprescindible para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Esta estabilización facilita el regreso gradual de la población, algo esencial para la viabilidad de los sistemas educativo y sanitario. Las organizaciones que forman parte de estos sistemas dependen de la presencia efectiva de los usuarios en el territorio.
La seguridad y la continuidad de los servicios sociales básicos van de la mano
Un enfoque basado en la seguridad no puede ser relevante si no integra de forma explícita la inversión social como impulsor de la prevención de los conflictos, especialmente a través del establecimiento de créditos presupuestarios mínimos en materia de educación y salud dentro del presupuesto nacional.
Finalmente, deben ponerse a disposición herramientas digitales simples para recopilar de forma regular las opiniones de la población local. Estas herramientas deberían dar prioridad a las necesidades relacionadas con los servicios esenciales, como la educación y la salud, así como a la cohesión social y a la consolidación de la paz. Este enfoque representa una estrategia innovadora a la hora de fortalecer la gobernanza a nivel local y de restaurar la confianza entre ciudadanos, autoridades locales y Gobierno central.
