Miles de millones de personas sufren una mala gobernabilidad, y esto tiene un costo particularmente alto en el mundo en desarrollo. Esta columna explora las oportunidades para mejorar la responsabilidad de los oficiales electos y designados a través de la tecnología, por medio de grabaciones de video. Si bien existen preocupaciones legítimas de privacidad, el monitoreo de la policía, el poder judicial y otras agencias públicas tiene el potencial de restaurar la confianza de los ciudadanos en instituciones que son esenciales para el progreso económico y social.
La democratización no produce una buena gobernabilidad, lo que debería ser obvio a estas alturas. Las elecciones libres y multipartidistas con una intensa cobertura y debate en los medios de comunicación todavía resultan en gobiernos “empapados en corrupción, patrocinios, favoritismo y abuso de poder”, como escribió el sociólogo político estadounidense Larry Diamond hace más de una década. Añadiendo lo siguiente: “Existe un espectro que acecha a la democracia en el mundo de hoy… la mala gobernabilidad”.
Las consecuencias son enormes, especialmente en el mundo en desarrollo. Si bien es posible que nos preocupen los ataques contra el estado de derecho por parte de los líderes occidentales, las sociedades más vulnerables se encuentran en los países donde la gobernabilidad nunca fue buena en primer lugar.
La gobernabilidad hace una gran contribución al desarrollo. Cuando funciona bien, los ciudadanos gozan de un acceso justo e imparcial a los servicios públicos y los recursos; la confianza en las instituciones es alta; los derechos individuales están protegidos; y se mejora el rendimiento económico.
Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la gobernabilidad? Los escépticos dudan de la eficacia de las reformas institucionales o políticas, especialmente cuando una cultura cívica de “regla de burla” tiene profundas raíces. Muchos ven la gobernabilidad como un problema de acción colectiva, en lugar de un fracaso del diseño institucional. Donde la corrupción es el “comportamiento esperado”, nadie tiene un incentivo para hacer sonar el silbato.
Pero antes de tirar la toalla consideremos, cómo el cambio tecnológico puede fomentar la rendición de cuentas. El uso de cámaras de teléfonos celulares para grabar las interacciones con los funcionarios públicos ha incrementado de manera repentina y dramática el costo de tolerar la impunidad. La información se puede compartir tan ampliamente ahora, que implica a los que se hacen de la vista gorda, así como a los que cometen el acto.
Las instituciones formales, como las leyes de acceso a la información, han hecho poco para garantizar un comportamiento o una responsabilidad coherentes con las normas. ¿Puede el video “sousveillance” llenar el vacío? Es demasiado pronto para saber.
Pero el video es una fuente potencial de evidencia donde se alega una irregularidad de los oficiales, una especie de “transparencia directa”, análoga a la democracia directa. En efecto, es una herramienta de gobernabilidad a nivel de calle.
El video de Rodney King en 1991 ayudó a condenar a dos oficiales por violaciones de derechos civiles. Pero hasta el uso generalizado de teléfonos celulares, era algo raro. Ahora tales grabaciones son omnipresentes, y están aumentando los procesamientos de policías deshonestos.
¿Es esto algo bueno para la rendición de cuentas y la gobernabilidad? ¿Y pueden extenderse sus lecciones a los países en desarrollo y al sector público más ampliamente?
Los tribunales y fiscales de los Estados Unidos han dicho principalmente “sí” a la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, hay pocas o ninguna respuesta.
En una carta de mayo del 2012, al Departamento de Policía de Baltimore, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó los derechos de los ciudadanos al grabar a los oficiales de policía cumpliendo con su deber en público, argumentando que fomentaría la confianza y la responsabilidad. En el mismo mes, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos dictaminó que una ley de Illinois que prohibía las grabaciones de la policía en público, y que era una violación de la Primera Enmienda.
La policía y los ciudadanos se están grabando. Un informe del 2014 sobre cámaras corporales para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló niveles reducidos de comportamiento abusivo, menos quejas contra la policía, más transparencia, responsabilidad, y mejor evidencia en asuntos penales y administrativos.
Pero existen preocupaciones legítimas acerca de los límites de tiempo para la retención de información, la notificación a los ciudadanos, y la posible violación de la confianza y la privacidad. La interpretación de las grabaciones de video conduce a sus propias incertidumbres, y se deben tener en cuenta las consideraciones éticas. La discreción y la privacidad también son importantes.
¿Y qué hay de los organismos públicos más ampliamente? Seamos realistas, esto no es simplemente una historia de responsabilidad policial. Los datos de videos podrían sacar a la luz la corrupción y revelar brechas de habilidades y necesidades de capacitación.
¿Pero funcionaría? No, si los funcionarios no tuvieron repercusiones o evitaron ser grabados, o si hubo tantos funcionarios corruptos que surgió el problema de “¿Dónde está Wally?”.
¿Y qué pasa con los países en desarrollo? Los actuales sistemas de recopilación de información y monitoreo en países plagados de corrupción dejan mucho que desear.
Las posibles opciones de políticas incluyen la creación de una oficina de transparencia de videos independiente, responsable de recopilar y filtrar la información grabada. Las libertades civiles y los grupos de derechos humanos, las ONG de transparencia y los medios de comunicación deben incluirse para generar confianza y credibilidad. Se podría guardar un banco de datos de grabaciones para futuras referencias para contrarrestar la corrupción endémica.
Se deberían tomar decisiones sobre cuándo y a quién grabar. Las grabaciones de video pueden tener más sentido cuando el servicio público es genérico (no ajustado a las necesidades específicas de un destinatario individual). También puede tener más sentido cuando el destinatario individual tiene derecho al servicio simplemente por ser parte de un grupo calificado (sin tener que demostrar una capacidad o logro personal).
La misma lógica de grabación debe aplicarse al poder judicial para garantizar la aplicación eficaz. El monitoreo podría estar vinculado a la profesionalización al incluir capacitación, cambios en las prácticas de reclutamiento, progresión profesional, salarios y otros incentivos. Los oficiales podrían encontrarse como parte de agencias públicas más respetadas y más confiables, incluso a medida que mejoran sus propias profesiones.
Estos pasos pueden parecer pesados, pero la vigilancia de estilo casi no es el problema para los miles de millones de personas que sufren de una gobernabilidad deficiente. En cambio, es el estado mismo el que necesita ser monitoreado. Los ciudadanos necesitan más herramientas para supervisar a sus oficiales electos y designados.
