En 1970, durante la conferencia anual de economistas agrícolas de Estados Unidos, un conocido académico llamado Walter Falcon presentó una ponencia en un panel titulado «La Revolución Verde: Problemas de segunda generación» (The Green Revolution: Second-generation problems). El documento era una respuesta a lo que denominó «la reciente avalancha de literatura» sobre la Revolución.

A partir de mediados delsiglo XX, la Revolución Verde permitió un enorme aumento de la producción de granos alimenticios (especialmente trigo y arroz) mediante nuevas variedades de cereales de alto rendimiento… pero no vino sin sus problemas.

La presentación de Falcon hizo un riguroso recuento de lo que él consideraba los éxitos y fracasos de la Revolución. Su análisis es interesante porque no estaba estructurado como un balance general para señalar lo que funcionó y lo que no. En su lugar, presentó una secuencia temporal de tres «generaciones» de la Revolución.

Consideró la primera generación, caracterizada por el desarrollo de variedades de cereales de alto rendimiento, un éxito rotundo. Sin embargo, la segunda generación se caracterizó por problemas. Entre estos problemas se encontraban el retraso en el flujo normal de transporte, problemas de comercialización y unas subvenciones públicas inadecuadas. Falcon argumentaba que, si bien estos problemas eran sustanciales, no dejaban de ser asuntos que los economistas conocían y, por lo tanto, podían solucionar.

En cambio, los problemas de tercera generación habían recibido poca atención por parte de los economistas agrarios y podían resultar muy difíciles de resolver. Entre estos problemas figuraban el desempleo, la creciente desigualdad de ingresos y el desigual impacto regional de la tecnología de la Revolución.

Falcon abogó por cambios políticos para distribuir más equitativamente los beneficios de la tecnología y ayudar sobre todo a los pequeños agricultores. Reconoció que la economía agraria tenía poco que ofrecer en cuanto a medidas eficaces.

Falcon concluyó que la Revolución Verde solo había proporcionado una «solución tecnológica limitada» que no era la panacea para los graves problemas sociales que había desatado.

Preocupación por los aumentos a corto plazo

Aunque Falcon no aclaró la razón por la cual surgieron la segunda y la tercera generación de problemas, es significativo que haya ideado los tres tipos de problemas como una secuencia temporal, dando a entender que los problemas posteriores habían surgido a partir de los anteriores.

Señaló que la segunda generación de problemas había surgido debido a una «preocupación por la producción» durante la primera fase de la Revolución. Aunque no dio más información, otros participantes en la conferencia se pronunciaron con más detalle. En el análisis que siguió a la ponencia, un comentarista señaló que los que habían cultivado variedades de arroz de alto rendimiento «no consideraron las complejidades del entorno físico y socioeconómico… El objetivo de la investigación se consideraba en gran medida aumentar el rendimiento del arroz… mediante el método más expeditivo».

Los asesores del Programa Agrícola Mexicano de la Fundación Rockefeller durante la década de 1940 habían adoptado el mismo punto de vista: el principal objetivo del Programa debía ser aumentar el suministro de alimentos «lo más rápidamente posible». Años más tarde, cuando le preguntaron por los disturbios políticos que se produjeron en la India tras la introducción de sus nuevas variedades de trigo, el cultivador Norman Borlaug respondió: «En aquel momento no me preocupaba lo más mínimo la equidad… Solo quería provocar un shock [mediante aumentos de rendimiento muy grandes]».

En efecto, así se evidenciaba la «preocupación» a la que se había referido Falcon. Además, dado que Falcon había admitido que los economistas agrarios ya conocían los problemas de la segunda generación, su decisión de centrarse exclusivamente en el aumento de los rendimientos fue evidentemente una elección consciente.

Pero, ¿qué podemos decir sobre los problemas de tercera generación? Falcon afirmaba que era la primera vez que los economistas veían estos problemas y, por implicación, no podían haber sido previstos. Otro comentarista del panel se mostró de acuerdo, afirmando que «…no tenemos suficiente formación y antecedentes para emprender investigaciones sobre algunas de las cuestiones socioeconómicas básicas de los países en desarrollo».

Pero no todos los economistas estaban dispuestos a excusar la profesión. Por ejemplo, un año antes, Clifford Wharton había argumentado que el aumento de la producción «provocaría automáticamente un nuevo conjunto [de problemas políticos y de marketing]». Y, como he expuesto en otros artículos, una amplia gama de problemas de tercera generación (incluido el impacto perjudicial de la agricultura de altos insumos sobre el medio ambiente) ya habían sido reconocidos como objeto de preocupación en las décadas de 1920 y 1930.

Por lo tanto, hay poca base para afirmar que no se podían haber previsto las repercusiones sociales y medioambientales de la Revolución Verde. En cambio, parecen haber sido ignorados.

El costo de ignorar las consecuencias a largo plazo

Además de su exposición directa sobre las dificultades a las que se enfrentaban los Revolucionarios Verdes hacia 1970, el informe de Falcon es interesante porque revela inadvertidamente la mentalidad de los impulsores de la Revolución. A saber, su elección de centrarse en un pequeño número de problemas relativamente sencillos de resolver que prometían el éxito a corto plazo y dejar los graves problemas sociales y medioambientales, muchos de ellos predecibles, para más adelante.

Sin embargo, el costo de ignorar estas consecuencias a largo plazo es cada vez más evidente. Recientemente, el director de Prácticas Agrícolas del Banco Mundial señaló que, aunque el valor de la producción mundial de alimentos es de unos ocho billones de dólares, los costos de esa producción (por ejemplo, problemas de nutrición, pérdida y desperdicio de alimentos, emisiones de gases de efecto invernadero) son de al menos seis billones (sin tener en cuenta las pérdidas de los ecosistemas ni las subvenciones públicas a los agricultores). Estos costos, sugirió, simplemente no valen la pena.

Los analistas económicos suelen llamar la atención sobre las consecuencias perjudiciales del pensamiento a corto plazo en el mundo financiero (por ejemplo, ejecutivos de empresas más preocupados por mantener el precio de las acciones que por invertir en la empresa). Quienes observan la escena política también critican la perspectiva a corto plazo de los gobiernos que resultan en problemas a largo plazo que quedan sin abordar.

Uno quisiera pensar que los responsables de las políticas de desarrollo agrario se preocuparían con la misma intensidad por estos problemas. Sin embargo, a pesar de las frecuentes alusiones a la «sostenibilidad» y a la importancia de abordar las necesidades de los pequeños agricultores, las reiteradas referencias en los debates políticos al «cierre de brechas de rendimiento» y las promesas de nuevas «ganancias de productividad» sugieren que el cortoplacismo está vivo y coleando.

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A Muneer Hinay le apasiona lo que él llama «hiperlocalizar». Junto con su hija Raaina, de 12 años, es cofundador de Kids Who Farm, una organización con sede en Filipinas que enseña a los jóvenes los fundamentos de la agricultura sostenible. Para Muneer y su hija, la agricultura sostenible es la clave para la seguridad alimentaria y para mitigar el cambio climático.

«La creación de un sistema alimentario sostenible tiene que ser hiperlocal. Lo que intentamos es acercar los alimentos al lugar donde están los consumidores, establecer microgranjas comunitarias que sean sostenibles, que utilicen sistemas tecnológicos adecuados y que contribuyan a la economía local. Este enfoque minimiza el gasto en transporte y también la huella de carbono».

De hecho, el cambio climático se está convirtiendo en una preocupación palpable en Filipinas, uno de los países más vulnerables al clima del mundo. A través de su Ley de Empleos Verdes, el gobierno filipino ha estado estableciendo políticas para transformarse hacia una economía más verde y azul.

Pero una limitación importante para el crecimiento de los empleos verdes en Filipinas es la respuesta a nivel local.  Los jóvenes, especialmente los 3 millones de jóvenes que no van a la escuela ni tienen empleo, tienen relativamente poca conciencia de las oportunidades que ofrece la economía verde y azul. La mayor parte de la información sobre los empleos verdes está desfasada o es de un nivel demasiado alto para ser útil a los jóvenes que buscan trabajo. Como señala Muneer «En lo que respecta a los empleos verdes, todavía hay una parte de la gente (especialmente entre los jóvenes) que no comprende la importancia de la agricultura sostenible». 

Las conversaciones con personas como Muneer han puesto de relieve que para garantizar una transición justa (que incluya a los jóvenes, las mujeres y otros grupos marginados del mundo en desarrollo) se necesita algo más que un enfoque descendente. La transición depende también de un movimiento ascendente, que aproveche la capacidad local, las asociaciones y la información a nivel subnacional.

Como parte de la iniciativa Nuestro Mundo, Nuestro Trabajo, el Centro de Desarrollo de la Educación (EDC) llevó a cabo una investigación para comprender la relación entre el cambio climático, la economía azul y verde y el empleo juvenil en los países de ingresos bajos y medios. Esta investigación se extendió a Filipinas, donde el EDC está llevando a cabo la actividad Oportunidad 2.0 financiada por USAID y, en colaboración con Accenture Development Partners, está completando un estudio sobre los motores del empleo juvenil en la economía verde y azul. A través de este trabajo surgieron aprendizajes clave que pueden catalizar un movimiento localizado e inclusivo de empleos verdes: 

Raaina, de 12 años, cofundó Kids who Farm con su padre, Muneer. Kids Who Farm está capacitando a jóvenes empresarios para establecer microgranjas sostenibles a nivel comunitario e iniciativas de agricultura urbana. Crédito: Kids Who Farm

Colmar las lagunas en los datos con información verde sobre el mercado laboral local

Aunque se están generando datos sobre las tendencias de la economía verde a escala internacional y nacional, los responsables de formular políticas locales, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME), los jóvenes que buscan empleo y las organizaciones comunitarias que les prestan servicios disponen de poca información. De hecho, un informe de síntesis global de la OIT destaca la necesidad de sistemas descentralizados de información sobre el mercado laboral combinados con la recopilación de datos nacionales, mientras que la OCDE sugiere formas concretas de mejorar los datos para mejorar las políticas de empleo verde.

En la ciudad de Zamboanga, un grupo de líderes gubernamentales, del sector privado y de la juventud aprendieron a realizar evaluaciones del mercado laboral local y, a su vez, identificaron una gran demanda de aptitudes para el trabajo en la agricultura. A continuación, pasaron a la acción para complementar un curso que ya ofrecía la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Competencias (TESDA): la Oficina de Agricultura de la ciudad se asoció con Kids Who Farm para ofrecer un aprendizaje práctico a los jóvenes no escolarizados en materia de agricultura sostenible. Hasta la fecha, estas colaboraciones han permitido a Kids Who Farm formar a más de 6.000 personas en agricultura urbana y construir 38 huertos comunitarios y microgranjas escolares, y han contribuido al objetivo de Kids Who Farm de producir el 60% de la demanda local de verduras de Zamboanga.

Estudiantes de la Universidad de Zamboanga aprenden técnicas de agricultura urbana. Crédito: Kids Who Farm.

Armonizar las políticas subnacionales de empleo verde a través de alianzas locales público-privadas

En la actualidad, no existe una norma común sobre lo que constituye un «empleo verde», inclusive en Filipinas. Además, el estudio descubrió que los programas públicos de capacitación estaban elaborando planes de estudios sobre competencias ecológicas que no reflejaban las necesidades de las empresas locales. Estos hallazgos refuerzan la orientación de la política de transición justa y otras directrices que exigen esfuerzos coordinados ascendentes, que involucren al gobierno local, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de educación y capacitación, y a los jóvenes.

Las Alianzas para el Desarrollo de la Juventud son una de las formas en que las partes interesadas locales de Filipinas están abordando el déficit de coordinación de las políticas subnacionales. A lo largo de 15 ciudades, estas alianzas público-privadas están priorizando acciones colectivas para ayudar a desbloquear empleos verdes y azules para los jóvenes.  Recientemente, la Alianza para el Desarrollo de la Juventud de la ciudad de Ángeles lanzó el «Proyecto Angelinis» para concienciar a las múltiples partes interesadas sobre las oportunidades que ofrece el sector de la gestión de residuos.

Hacer más accesible la financiación verde a los grupos marginados, incluidos los jóvenes

El Foro Económico Mundial cita la inversión como motor clave de la transición ecológica. Pero a pesar de las importantes inversiones verdes en Filipinas, el estudio Opportunity 2.0 confirmó que es relativamente poco lo que llega a las PYMEs, y menos aún a las empresas propiedad de jóvenes y mujeres, que suelen carecer de historial crediticio, tienen garantías limitadas y no están familiarizadas con los requisitos de préstamo de las instituciones crediticias formales. El PNUMA señala que cuando se considera la transición a la economía verde, una gran parte de los países en desarrollo dan prioridad a la movilización de una financiación verde que incluya a los grupos marginados.

Empiezan a surgir algunos puntos brillantes. El Departamento de Agricultura creó el programa Kapital Access for Young Agripreneurs (KAYA), que ofrece préstamos sin garantía a interés cero con plazos de amortización de cinco años a explotaciones agrícolas o pesqueras propiedad de jóvenes. Del mismo modo, el Consejo de Microfinanciación de Filipinas se asoció con proveedores de educación para apoyar la puesta en marcha de PYMEs propiedad de jóvenes en el sector del transporte, y se asoció con instituciones de microfinanciación para desarrollar productos de préstamo de energía verde. 

Crédito: Kids Who Farm

Estimular la innovación y el cambio social liderados por los jóvenes

Aunque la opinión pública ha tardado en adoptar las innovaciones ecológicas, los jóvenes son poderosos agentes del cambio. Las empresas sociales dirigidas por jóvenes están muy por delante del sector privado tradicional a la hora de hacer campaña a favor de los sistemas circulares y de llevar al mercado nuevas tecnologías de gestión de residuos, por ejemplo.

En la Ciudad Quezon, el gobierno se ha asociado con una organización juvenil nacional para lanzar una campaña de defensa del medio ambiente dirigida por jóvenes no escolarizados. Los participantes aprenden y forman conexiones que les ayudan a acceder a oportunidades de educación y empleo.

Dyanne Rose Luna, una joven líder de la ciudad de Legazpi, lo resume muy bien: «No podemos resolver estos problemas solos, sino que necesitamos trabajar juntos para crear el mundo en el que queremos vivir».

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Los sistemas actuales de producción, procesamiento, distribución y consumo de alimentos del mundo son ampliamente reconocidos como insostenibles desde perspectivas ecológicas y sociales. Según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), si se mantienen los actuales sistemas insostenibles de producción de alimentos, podría ser difícil alimentar a la creciente población humana, que se espera que alcance cerca de los diez mil millones para 2050. 

Los analistas de políticas agrícolas y sistemas alimentarios están demandando una transformación sistemática de los sistemas alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la equidad, la eliminación de la pobreza, la sostenibilidad ecológica y otros objetivos del desarrollo sostenible. La participación de los jóvenes es clave para hacer esta transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Especialmente en los países en desarrollo, donde vive la mayoría de los jóvenes y donde los sistemas agroalimentarios constituyen el mayor empleador.

En muchos países en desarrollo de África, los jóvenes desempeñan activamente muchas funciones y espacios en todo el sistema alimentario. Desempeñan roles vibrantes y diversos como productores de alimentos al contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de sus hogares y comunidades; como empresarios e innovadores que aprovechan la tecnología para revolucionar el campo de la agroindustria; y como agentes de cambio (ambientalistas, investigadores, activistas, periodistas, etc.), creando conciencia en sus comunidades sobre las formas de volverse más resistentes a los choques climáticos. 

La mayoría de los jóvenes de los países africanos se encuentran en zonas rurales, donde son reclutados para la agricultura desde la infancia a través de la agricultura familiar de subsistencia y el plan de estudios educativo. Muchos países en desarrollo del África subsahariana están experimentando un aumento de la población joven, y las personas de entre 15 y 34 años constituyen más del 40% de la población. Por lo tanto, los jóvenes son un grupo demográfico importante en el desarrollo africano, y hoy en día, la mayoría de las intervenciones agrícolas se dirigen a este grupo para aumentar su participación en el desarrollo agrícola y económico. 

Una de esas iniciativas es el programa Byte by Byte Policy Innovation, una estrategia política que está activa en siete países africanos: Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria, Ruanda y Senegal. Esta estrategia busca transformar los sistemas alimentarios africanos utilizando tecnologías digitales, examinando el papel de las innovaciones y políticas institucionales en la mejora del acceso de los agricultores a los mercados, la información y las tecnologías digitales.

En ausencia de apoyo financiero y técnico, la productividad de los jóvenes en la economía rural puede verse restringida debido a barreras de producción como la falta de acceso a recursos. Tienden a cultivar en terrenos más pequeños, prefiriendo temporadas más cortas y empresas agrícolas de alto valor, como la producción hortícola, las aves de corral, la apicultura y la cría de conejos.

El financiamiento agrícola que está particularmente dirigido a los jóvenes será clave para apoyar a la juventud, como lo demuestra el Empower Bank en Zimbabue. En otros países (como la República Democrática del Congo, Mozambique, Ruanda y Tanzania) los gobiernos se han asociado con empresarios y agencias de financiación para ofrecer apoyo financiero y técnico a los jóvenes y ayudarlos a desarrollar propuestas de agronegocios “financiables”. Oportunidades como estas están haciendo una gran diferencia en la promoción de los jóvenes en la agricultura.

A pesar de las iniciativas para promover la producción agrícola y la participación de los jóvenes en la agricultura, la producción agrícola en el continente africano sigue siendo baja en comparación con el resto del mundo. Esto se ve agravado por las presiones que enfrentan los agricultores debido a la crisis climática, así como por la baja adopción de tecnologías modernas que pueden mejorar su productividad frente a las amenazas climáticas.

El mundo de hoy está impulsado por muchas nuevas tecnologías, incluidas las blockchains, la inteligencia artificial y el Internet. En comparación con los agricultores mayores, los agricultores jóvenes son más innovadores y adoptan mejor las tecnologías modernas. Los jóvenes pueden convertir esta revolución digital en acción climática para sistemas alimentarios sostenibles en África. 

Históricamente, la agricultura fue rechazada por muchos jóvenes y percibida como un dominio para los pobres y menos educados. Hoy en día, más jóvenes son atraídos hacia la agricultura gracias a las tecnologías agrícolas modernas que ayudan a intensificar la producción y aumentar los ingresos. Mediante el uso de las plataformas de redes sociales, algunos de estos jóvenes “agro emprendedores” publicitan sus empresas e inspiran a sus seguidores a aventurarse en la agroindustria.

Además, los pueblos de África a menudo invierten en actividades que apoyan e influyen en la cadena de valor alimentario. Entre los partidarios de la cadena de valor se encuentran banqueros, asesores, corredores y proveedores de crédito, maquinaria y otros servicios diversos. Otros desempeñan un papel importante en la transformación de los sistemas alimentarios de su nación como influenciadores de la cadena de valor: estudiantes, investigadores, legisladores y activistas climáticos.

La necesidad de una producción basada en el conocimiento ha llevado a un aumento significativo en el número de jóvenes investigadores que se dedican a la investigación y descubren formas innovadoras de resolver los diversos desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios africanos. Por ejemplo, los jóvenes son considerados partes interesadas importantes en los programas de investigación de organizaciones como el Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola [Consortium of International Agricultural Research Centers] (CGIAR) y las negociaciones internacionales sobre el cambio climático.

Las iniciativas lideradas por el sector privado, como la Cumbre de la Juventud Agrícola apoyada por Bayer, también están creando oportunidades para que los jóvenes de todo el mundo discutan los desafíos de la seguridad alimentaria y compartan información sobre las oportunidades disponibles en la agricultura. Todas estas actividades ofrecen oportunidades para construir y transformar el sistema alimentario africano como un negocio.

Conclusión

Al examinar la evidencia sobre oportunidades, desafíos y políticas, esta columna analiza el papel que los jóvenes pueden desempeñar en la transformación de los sistemas alimentarios africanos. A pesar de los desafíos, como es el escaso acceso a la tierra, el crédito y los mercados, el contexto económico en el que operan los jóvenes les ofrece una variedad de oportunidades para transformar los sistemas alimentarios africanos y generar ingresos.

Las limitadas oportunidades económicas y de empleo en los sectores urbanos y no agrícolas en la mayoría de los países africanos han aumentado el interés de los responsables de la formulación de políticas y los planificadores del desarrollo en la “transformación rural inclusiva para los jóvenes”, donde la agricultura en las zonas rurales idealmente debería ser intensiva y con visión comercial. Las intervenciones futuras deben basarse en enfoques que incorporen las aspiraciones de los jóvenes y aborden los desafíos asociados con el acceso a los recursos, como la tierra y el crédito.

Se debe hacer más para inspirar a los jóvenes, especialmente en el sector rural, a participar en la agricultura e integrarlos en las cadenas de valor agrícolas mediante:

• Transformar las zonas rurales a través de inversiones en infraestructura y otros servicios.
• Apoyar proyectos de agronegocios juveniles con subvenciones competitivas.
• Demostrar el éxito de la agroindustria dirigida por jóvenes en las redes sociales y otros medios de comunicación.
• Mejorar el desarrollo de habilidades a través del aprendizaje y el intercambio de información.

Tales intervenciones contribuirán a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y también ayudarán a abordar el desafío del envejecimiento de la población agrícola de África.

Un joven zimbabuense en la avicultura.

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En períodos de crisis como la ocasionada por la Covid-19, los decisores políticos en los países de ingresos bajos y medios (PIBM) afrontan la difícil opción entre reducir los precios al consumidor y ofrecer incentivos para la producción de alimentos básicos. Las herramientas de seguimiento oportunas son importantes para determinar cómo las intervenciones rápidas en materia de políticas, como las restricciones a las exportaciones, afectan a los precios y si se requiere un reajuste.

Si bien gran parte de los ingresos de los pobres de las zonas rurales procede de la agricultura, las investigaciones demuestran que los hogares más pobres suelen ser consumidores netos de alimentos. Mantener los precios lo suficientemente altos como para proporcionar a los agricultores incentivos para la intensificación de la producción y, al mismo tiempo, conservarlos lo razonablemente bajos para garantizar que los consumidores pobres tengan acceso a los alimentos básicos ha sido una de las cuestiones más cruciales durante la pandemia. Es importante reducir los riesgos de precios para los alimentos y aumentar la productividad de las granjas de productos alimentarios básicos de los pequeños agricultores para mantener viva la economía en las zonas rurales.

Históricamente, las ganancias de los agricultores en los países en desarrollo se han visto a menudo reducidas por las políticas de sus propios países, como la fuerte presión fiscal sobre las exportaciones agrícolas, que presentaban sesgos pro urbanos, antiagrícolas y anticomerciales. Esa situación ha cambiado drásticamente en los últimos 40 años, dando lugar a distintos modelos de incentivos en materia de precios agrícolas en todo el mundo.

Pero como se vio anteriormente en la crisis alimentaria mundial de 2007–2008, por temor a una grave escasez y a la volatilidad de precios durante la primera ola de Covid-19, los PIBMs establecieron rápidamente medidas para proteger a los consumidores pobres. Las políticas documentadas incluyen la reducción de los aranceles de importación, las restricciones temporales a la exportación y los controles de precios, todo lo cual puede crear brechas entre los precios internos y los internacionales.

Para supervisar el efecto de las políticas comerciales y de mercado sobre los precios internos en tiempo real, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró una nueva versión mensual del indicador de la ‘tasa nominal de protección’ (TNP), y la estimó para los cereales básicos en 27 PIBMs. Esto se basó principalmente en datos del Instrumento de Seguimiento y Análisis de los Precios Alimentarios del Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO y de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Mercaderías (Comtrade de Naciones Unidas). Finalmente examinamos 43 combinaciones de países y productos básicos, o estudios de casos (como el maíz en Ecuador)

Esta TNP mensual ‘exprés’ (TNPx mensual) proporciona un sentido de tendencias actuales intra-anuales en incentivos de precios (valor mensual positivo de TNPx) y desincentivos (valor negativo). Idealmente, el nuevo indicador puede seguir permitiendo una rápida supervisión de las políticas y recomendaciones políticas adaptadas a medida que la Covid-19 evoluciona y cuando se produzcan futuras crisis en el sistema alimentario mundial.

¿Cómo cambiaron los incentivos de precios durante la primera ola de Covid-19?

En nuestra investigación, analizamos las variaciones interanuales en los niveles mensuales de incentivos de precios durante la primera ola de la pandemia para los productos básicos más consumidos por los pobres y más expuestos a la inseguridad alimentaria: principalmente arroz, trigo y maíz, además de sorgo, mijo y papas. Encontramos un descenso promedio de 12,6 puntos porcentuales en incentivos para las cadenas de valor de alimentos básicos durante la primera ola de Covid-19 (definida aquí como el período de marzo de 2020 a agosto de 2020, según el número de casos registrados por la Organización Mundial de la Salud).

La baja magnitud del cambio indica que los mercados locales sólo se vieron marginalmente afectados por una serie de ajustes de políticas durante la primera ola. La media negativa refleja el hecho de que muchos gobiernos implementaron políticas destinadas a evitar que los precios internos aumentaran al mismo ritmo que los precios mundiales, lo que provocó una disminución de los incentivos en materia de precios.

El descenso medio de los incentivos para el arroz y el trigo impulsan la disminución general, ya que constituyen el 60% de los estudios de caso. Como muestra la Figura 1, el maíz tuvo un incremento medio. Es probable que esto se haya visto provocado por el hecho de que los precios internacionales del maíz disminuyeron realmente durante la primera ola, junto con la falta de restricciones a la exportación en comparación con el arroz y el trigo, y por la combinación de impactos como los ocasionados por los brotes de langosta del desierto.

Figura 1: Promedio de variaciones de los incentivos de precios por producto básico durante la primera ola de Covid-19

Nota: Número de estudios de caso entre paréntesis.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Es necesario seguir supervisando los incentivos de precios de forma regular

Si bien los precios internacionales de los cereales no se dispararon como se esperaba durante la primera ola de la pandemia, a la luz de las subidas de precios más recientes, es imperativo que los gobiernos utilicen datos actualizados para analizar los posibles efectos de las respuestas políticas durante las olas posteriores. Es fundamental que se tenga en cuenta la posibilidad de que los cambios abruptos en las políticas comerciales (especialmente las restricciones a la exportación) contribuyan colectivamente a los aumentos y la volatilidad de los precios internacionales, y de que se reconozca cómo pueden dar lugar a una reducción de la producción agrícola y el bienestar económico.

Ante el leve descenso medio de los incentivos de precios para las cadenas de valor de alimentos básicos durante la primera ola, la Covid-19 brinda la oportunidad para que los gobiernos reconsideren cómo mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, y cómo fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios. También se debería considerar sin demora cómo adaptar los entornos políticos a fin de estar en mejores condiciones de responder a las perturbaciones del mercado de manera integral, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos del aislamiento comercial.

Priorizar la recopilación de datos de precios agrícolas y calcular los incentivos de precios mensuales para productos básicos adicionales seguirá guiando el desarrollo de políticas para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los consumidores más pobres del mundo.

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La ampliamente aceptada relación positiva entre competencia y crecimiento de la productividad contrasta en cierto modo con el conjunto de pruebas de investigación no concluyentes sobre la relación entre competencia e innovación.

Esto tiene cada vez mayor relevancia en los debates sobre la apertura comercial de los países y sus resultados de crecimiento económico. A pesar de las numerosas pruebas que sugieren que la liberalización del comercio aumenta la productividad, pruebas recientes obtenidas en Estados Unidos, Canadá y Europa revelan impactos negativos o poco claros sobre la innovación debido a la creciente exposición a las importaciones.

Existen razones conceptuales para pensar que, en la práctica, los efectos podrían variar en gran medida de un país a otro. Un estudio destacado ofrece una síntesis de la opinión de que la competencia es necesaria para levantar a los empresarios de la cama por la mañana, frente al argumento de que las rentas más altas incrementan el rendimiento para la innovación, expuesto por primera vez a principios del siglo XX por el economista Joseph Schumpeter.

La investigación revela que las empresas alejadas de la frontera de la productividad pueden comportarse de acuerdo con las expectativas de Schumpeter y replegarse con una mayor competencia, pero las más cercanas a la frontera pueden ver la innovación precisamente como una manera de evitar la competencia. Esto plantea la cuestión de si el impacto neto de la competencia sobre la innovación puede diferir en función de la distribución de las capacidades de las empresas dentro de una economía y, en particular, de cuántas se encuentran próximas a la frontera tecnológica.

Los autores siguen una agenda emergente de investigación al aprovechar el impacto de la penetración de las importaciones chinas para estudiar sus efectos en la innovación en un país destacado de ingresos medios-altos.

Chile es quizás especialmente apropiado como estudio de caso. Primero, ofrece una nueva experiencia para explorar los efectos: es la icónica economía abierta ‘de manual’ que, como en otras partes, constató niveles de impacto en la competencia debido a un importante aumento de la penetración de las importaciones procedentes de China. Sin embargo, a diferencia de muchos casos de liberalización comercial, este choque no se vio acompañado por otras reformas específicas del sector. Por lo tanto, es probable que cualquier efecto se deba estrictamente a la exposición diferenciada a una mayor competencia extranjera entre sectores.

Segundo, los autores se basan en un conjunto combinado de datos de panel de empresas de producción/innovación que abarca una gama más amplia de aportaciones y resultados de innovación de lo que anteriormente era posible y utiliza datos de precios de producto. Por tanto, permitiéndoles generar medidas de márgenes de beneficio y eficiencia (productividad física total de los factores – PFTF) que se corresponden más estrechamente con los conceptos de rentas y liderazgo tecnológico previstos en el trabajo en la tradición schumpeteriana.

En general, los autores concluyen que el impacto sobre la innovación es, en promedio, negativo en prácticamente todas las medidas. Sin embargo, también encuentran enormes diferencias entre las empresas. La figura 1 divide la muestra entre ‘líderes’ y ‘rezagadas’ y, a continuación, en función de si los márgenes de beneficio aumentaron o disminuyeron con el incremento de la competencia china para cuatro medidas de innovación.

La investigación y el desarrollo (I+D), la innovación de procesos, la innovación de productos y la calidad caen para las rezagadas y el efecto se ve agravado cuando disminuyen los márgenes de beneficio. La I+D, la innovación de productos y la calidad se incrementan para las líderes, y más aún si aumentan los márgenes de beneficio. Por lo tanto, la visión de la importancia de la proximidad a la frontera tecnológica y la perspectiva schumpeteriana del valor de las rentas reciben apoyo.

Los resultados coinciden con otros hallazgos. Por ejemplo, análisis recientes del ‘impacto de China’ concluyen un efecto perjudicial sobre las ventas y patentes de las empresas francesas para la competencia china en los mercados de producción  – con el impacto negativo concentrado en las empresas de baja productividad, definidas como aquéllas que están por debajo del nivel medio de ingresos de la PTF.

Un estudio diferente revela que los sectores cercanos a la frontera tecnológica, introducidos por nuevas empresas extranjeras, experimentan un incremento de las patentes. Sin embargo, tiene un efecto débil o negativo en las industrias rezagadas, donde de nuevo las líderes se perfilan entre el 50% de las mejores.

Lo que sorprende en el caso chileno es que cuando las líderes se perfilan también de esta manera, no tiene un impacto positivo sobre la innovación. Sólo se producen efectos positivos cuando las líderes se perfilan entre el 10% de las mejores de la distribución de PFTF o eficiencia, que representa el 25% del valor añadido industrial.

Intuitivamente, esto coincide con países más allá de la frontera que tienen pocas empresas próximas a la anterior. Pero también significa que el impacto de la competencia sobre la innovación será menor que en los países avanzados, y potencialmente negativo neto, como parece ser el caso en Chile.

Claramente, la constatación de un aumento limitado en la innovación y tal vez una menor confianza en resultados anteriores de mayor productividad con la liberalización del comercio no implica la necesidad de reducir la competencia. La competencia funciona a través de otros márgenes, como la reasignación de recursos desde plantas de baja productividad hacia otras de alto rendimiento, y mediante la entrada de más plantas productivas y la salida de las que menos rinden.

Las investigaciones realizadas por los mismos autores demuestran que más del 60% de los beneficios en PFTF en Chile surgieron precisamente de la entrada y la salida. Otros trabajos concluyen que durante las primeras fases de las reformas chilenas, se produjo un gran crecimiento de la productividad justamente debido a la reasignación de recursos y la entrada de nuevas empresas, que es cierto dados los extraordinarios niveles de protección y distorsiones que se estaban resolviendo en el momento.

Al mismo tiempo, las pruebas indican que es probable que el impacto positivo de la liberalización comercial sea mayor cuanto más amplia sea la proporción de empresas cercanas al progreso tecnológico y a la frontera de productividad. Por ello, aumentar las capacidades de las empresas y su acceso a los recursos que pueden ayudarles a responder a la competencia puede ser un complemento importante para las políticas de mayor apertura comercial y  competencia. Como sugiere un trabajo reciente, esto podría incluir la extensión de programas de consultoría gerencial, el fortalecimiento de los sistemas locales de innovación y garantizar el acceso a financiación de largo plazo.

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El mundo está despertando al potencial de las algas marinas. Desde la década de 1950, la producción de algas marinas se ha disparado de medio millón de toneladas por año a más de 35 millones de toneladas en la actualidad: un aumento de 15 veces en poco más de medio siglo. El valor total del mercado mundial de algas marinas se estima en $15,000 millones de dólares estadounidenses.

Los diferentes tipos de algas tienen diferentes usos. Algunos son alimentos básicos en muchos países asiáticos, pero las llamadas “algas rojas” producen carragenina, un agente gelificante que se usa ampliamente en las industrias de alimentos, belleza y farmacéutica. Puede ayudar a absorber carbono en los océanos, reducir la cantidad de metano emitido por el ganado, reemplazar los derivados de combustibles fósiles con alternativas como bioplásticos y biocombustibles, y proporcionar “alimentos funcionales” que brindan nutrientes esenciales para una dieta saludable. No es de extrañar que se hable de las algas marinas como un cultivo maravilloso.

Pero estas cifras aparentemente saludables ocultan dos problemas importantes en la industria de las algas. La primera es que, al igual que la industria bananera mundial, la producción de algas rojas se basa en una diversidad genética muy limitada.

Si bien hay muchas variedades diferentes de plátano (hasta 84 variedades solo en Uganda), la industria mundial ha seguido dependiendo en gran medida de una sola: la Cavendish, extrañamente cultivada por primera vez en el invernadero de una casa señorial inglesa. La producción comercial de plátanos fue aniquilada en la década de 1950 por una cepa del hongo del marchitamiento de Panamá. La variedad Cavendish demostró ser resistente a esa cepa en particular y, por lo tanto, se plantó en todas partes, pero está demostrando ser muy susceptible a una nueva cepa que surgió en la década de 1990.

Al igual que los plátanos, las algas son muy fáciles de cultivar. Basta con romper algunos tallos de la cosecha que se acaba de recolectar y atarlos a una cuerda anclada al fondo del mar. Después de unos 45 días, se está listo para cosechar y el ciclo se repite.

Pero al igual que los plátanos, lo que se ha cultivado es genéticamente igual a su progenitor. Las algas marinas se reproducen sexualmente, lo que aumenta la diversidad genética, pero debe ocurrir en un laboratorio porque las corrientes oceánicas arrastran las plántulas.

Debido a que esta propagación vegetativa es tan fácil y debido a que las algas rojas son resistentes al transporte a grandes distancias, se estableció rápidamente un comercio mundial de plántulas en la década de 1950. Primero despegó en Indonesia, antes de extenderse a China, Japón, Corea y Filipinas, y luego a otros países como Tanzania.

Al igual que la industria bananera, solo se utilizaron unas pocas especies para establecer granjas comerciales. Y al igual que la industria bananera, la industria mundial de las algas rojas es genéticamente uniforme.

Esto no fue un problema hasta que el cambio climático comenzó a afectar la producción de algas marinas. El aumento de la temperatura del mar causa estrés a las algas y aumenta su susceptibilidad a plagas y enfermedades. En Zanzíbar, por ejemplo, la temperatura máxima registrada de las aguas y las áreas costeras aumentó de 31^oC en 1990 a 38^oC en 2020. El valor de la cosecha de algas marinas en Tanzania disminuyó de 4.3 millones de dólares estadounidenses en 2015 a 2.4 millones de dólares estadounidenses entre 2016 y 2020.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha estado analizando la producción del plátano durante muchos años, pero hasta 2021 no había ningún organismo internacional que supervisara la salud de las algas marinas. Tampoco existían regulaciones globales sobre cómo se deben comercializar los propágulos de algas marinas para promover el intercambio de cultivos saludables, mantener la diversidad genética, incluso dentro de las poblaciones silvestres, y reducir el riesgo de introducir plagas y enfermedades en nuevas áreas.

El segundo problema es que algunas de las personas más pobres de las comunidades costeras suelen cultivar algas marinas. Más de seis millones de pequeños cultivadores de algas marinas y sus familias, en 48 países, dependen de las algas marinas para parte o la totalidad de sus medios de subsistencia. Pero están luchando para lidiar con los efectos del cambio climático.

Las algas marinas son un buen cultivo para los agricultores pobres, ya que solo requieren unos pocos insumos baratos: algunas cuerdas y estacas de madera, amarres de plástico para sujetar las plántulas a las cuerdas y un lugar para secarlas. Debido a que las algas marinas necesitan poca inversión inicial, y debido a que solo toma 45 días desde la siembra hasta la cosecha, es un cultivo ideal para las personas que tienen pocas oportunidades de generar ingresos.

En Filipinas, las algas marinas han proporcionado un buen sustento a varias generaciones de agricultores.. En otros lugares, las algas marinas se mezclan con la pesca, la recolección de mariscos, algo de agricultura terrestre y el pequeño comercio. Pero como en Tanzania, el cambio climático está obligando a muchos agricultores a reevaluar si pueden continuar cultivando algas marinas.

Es probable que esto afecte particularmente a las mujeres agricultoras: el cultivo de algas marinas suele ser un asunto de toda la familia, y las mujeres hacen contribuciones igualmente importantes a la siembra, la limpieza y el secado. Pero a medida que la producción de algas marinas avanza hacia aguas más profundas y frías, necesita botes y la capacidad de nadar, los cuales a menudo están fuera del alcance de las mujeres que luchan por obtener préstamos para comprar un bote o a las que, por razones culturales, no se les ha enseñado a nadar bien.

También es probable que el cambio climático afecte de manera desproporcionada a los agricultores más pobres. A menudo cultivan algas por contrato con agricultores más grandes, aceptando los precios que pueden obtener..

Los programas gubernamentales tienden a pasar por alto automáticamente tanto a las mujeres como a los agricultores más pobres, registrando solo a los hombres más acomodados. Esto significa que la información más importante sobre cómo cultivar algas marinas de manera sostenible no llegará a quienes realmente las cultivan.

Una industria sostenible de algas rojas podría hacer una gran contribución a cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 13 (cambio climático) y ODS 14 (vida bajo el agua). Pero hacerlo requiere un cambio de sistema completo, aprendiendo rápidamente de la industria bananera.

Los pequeños productores de algas necesitan poder replantar con plántulas genéticamente diversas y biológicamente seguras. Esto significa construir biobancos para mantener la diversidad genética y criar cultivos mejorados. Significa investigar dónde existe diversidad genética en la naturaleza y cómo reproducirse a partir de ella.

Pero también significa un esfuerzo más amplio para comprender quiénes son exactamente los cultivadores de algas marinas y qué riesgos económicos y ambientales enfrentan. Significa alentar el desarrollo de productos de algas marinas alternativas para que los agricultores no dependan solo de los precios volátiles de la carragenina y puedan realizar inversiones a más largo plazo que les ayuden a gestionar sus riesgos de manera sostenible. Y significa enfatizar la trazabilidad de los productos de algas marinas, utilizando mecanismos como el blockchain para reconocer y recompensar las estrategias de producción de algas marinas sostenibles, inclusivas y sensibles al género.

Esta es una agenda ambiciosa, pero es esencial si la industria mundial de las algas marinas quiere alcanzar su considerable potencial.

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Las recientes perturbaciones en la economía mundial están alterando la forma en que vivimos y trabajamos. Antes del Covid-19, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) allanaron el camino para las plataformas digitales, facilitando el intercambio de bienes y servicios en el espacio digital y proporcionando a las personas nuevas oportunidades económicas. Ahora, la pandemia ha transformado las tendencias del empleo y reconfigurado los hábitos de consumo. Está acelerando las iniciativas gubernamentales para la transformación digital y la adopción generalizada de soluciones digitales en el lugar de trabajo.

Entre los distintos tipos de plataformas digitales, las laborales resultan de especial interés para muchas personas en los países en desarrollo porque ofrecen oportunidades de empleo que quizá no se encuentren disponibles en sus mercados laborales locales. También ofrecen flexibilidad, que puede ayudar a las mujeres a equilibrar las necesidades de los trabajos de cuidado y el mercado laboral, y permitir que las personas obtengan ingresos a la vez que cursan sus estudios o buscan entretenimiento.

A pesar de estas ventajas, siguen existiendo desafíos y perdura la precariedad laboral. Los trabajadores de la plataforma no son empleados, por lo que ni aquélla ni las empresas ofrecen protección social u oportunidades de desarrollo profesional. De hecho, las plataformas podrían considerarse como nuevos medios en los que se producen antiguas desigualdades. Hay plataformas de trabajo que cruzan fronteras – las que operan y entregan en línea, conocidas generalmente como de ‘trabajo colaborativo en línea’. En estas plataformas, las leyes laborales nacionales para garantizar el trabajo decente dejan de aplicarse.

Entonces, ¿cómo pueden aprovechar las economías los beneficios del trabajo colaborativo en línea a través de plataformas? No existe una única mejor respuesta, pero conviene lograr un equilibrio entre aprovechar las oportunidades económicas a corto plazo y garantizar a la larga la movilidad ascendente de los trabajadores.

Dado que las leyes laborales nacionales que brindan protección y apoyo a los trabajadores ya no pueden ser aplicadas, las iniciativas impulsadas por el Estado resultan fundamentales, especialmente en lo que respecta al desarrollo de capacidades y aptitudes. Los trabajadores de la plataforma necesitan demostrar un nivel de conocimiento y experiencia, cuya ausencia les impedirá probablemente asegurarse empleos. Esto es particularmente cierto en el caso de las ‘macrotareas’, un tipo de trabajo colaborativo en línea que requiere habilidades especializadas. Además, los trabajadores de la plataforma necesitan actualizarse y mejorar sus competencias para seguir siendo competitivos y mantener su trabajo.

La importancia del desarrollo de capacidades y aptitudes se ve reforzada por las lecciones de la Encuesta en Línea sobre el Mercado de Trabajo y el Sector No Comercial 2020 en Filipinas, realizada por el Instituto Filipino de Estudios para el Desarrollo. Un estudio que analiza los datos de esta encuesta constata primeramente que el compromiso actual de los entrevistados con la plataforma es similar al que presentaban durante su labor anterior en la misma; y, en segundo lugar, que su experiencia previa en plataformas es un determinante importante respecto de si estarán actualmente involucrados en su trabajo. Esto sugiere que las cualidades apropiadas son fundamentales para garantizar y mantener el trabajo en una plataforma.

La relevancia del desarrollo de capacidades y aptitudes también se destaca en un estudio que utiliza el Índice de Trabajo en Línea. Por ejemplo, uno de cada cuatro trabajadores colaborativos en línea de Filipinas y uno de cada diez de Bangladesh, India, Indonesia y Pakistán participan en servicios administrativos y de datos. Pero mientras que el 59%, el 45% y el 52% de los empleados colaborativos en línea de India, Pakistán y Vietnam respectivamente desempeñan trabajos relacionados con programas informáticos y el desarrollo de tecnologías, sólo cerca del 14% están realizando tareas en estos sectores en el caso de Filipinas.

Esto no augura pruebas suficientes de que la experiencia sectorial del trabajo colaborativo en línea a través de plataformas varíe a raíz de la pandemia: los puestos de trabajo de apoyo creativo/multimedia y de ventas/comercialización se han reducido considerablemente, mientras que aquéllos que se enmarcan en el ámbito del desarrollo de tecnologías/programas informáticos han demostrado capacidad de recuperación.

A pesar de la fluidez del trabajo, es probable que las aptitudes requeridas sean las mismas para diferentes entornos laborales y modelos de negocio. Con independencia del acuerdo de trabajo, sigue siendo necesario contar tanto con habilidades técnicas (incluyendo aritmética, alfabetización, redacción, cultura de Internet y habilidades básicas en materia de TIC) como con competencias sociales (como gestión del tiempo y habilidades de comunicación interpersonal).

Esto sugiere que centrarse en aptitudes específicas que sólo coinciden con las tendencias actuales no es una buena estrategia. En cambio, hacer hincapié en la creación de sistemas para desarrollar habilidades que sean útiles en cualquier acuerdo de trabajo es un enfoque más sensato. La colaboración entre el mundo académico, la industria, las asociaciones y sindicatos de trabajadores, los proveedores públicos y privados y los organismos gubernamentales es clave a la hora de identificar las necesidades actuales en materia de aptitudes y capacitación.

También resulta esencial identificar programas adicionales de capacitación a medida que se desarrollan las necesidades de los mercados de trabajo locales y mundiales. Además, es fundamental asegurar la continuidad del sistema y facilitar el intercambio de información, herramientas y recursos mientras el sistema evoluciona con cambios en los mercados laborales tanto a nivel local como internacional.

Un sistema de habilidades exitoso es Habilidades de Futuro de Singapur, que proporciona un mapeo integral de recursos sobre educación, carreras y formación para ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más informadas sobre el mercado laboral. El gobierno singapurense también concede créditos que pueden ser utilizados para promover el aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades.

Otras economías pueden aprender de Habilidades de Futuro y adaptar sus principios a sus propios contextos institucionales y de gobernanza. Esto contribuirá a preparar una fuerza de trabajo resiliente que esté lista para afrontar los desafíos de un mundo laboral en constante evolución.

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Una parte importante de la investigación económica reciente ha explorado los efectos del cambio tecnológico en el mercado laboral. Estos estudios no solo destacan la posibilidad de que las nuevas tecnologías puedan desplazar una gran parte de las ocupaciones actuales,   sino también los riesgos en términos de su impacto distributivo. En particular, se sugiere que la automatización de ciertas tareas podría modificar la estructura del empleo, generando “polarización laboral”.

En un extremo, tendería a fortalecerse el empleo de trabajadores altamente calificados en ocupaciones intensivas en tareas cognitivas no rutinarias, con alta productividad y altos ingresos. En el otro extremo, seguiría habiendo demanda de trabajadores poco calificados en ocupaciones intensivas en tareas manuales no rutinarias, con baja productividad y bajos ingresos. Pero los trabajadores calificados en los niveles de ingresos medios, que generalmente trabajan en tareas rutinarias (manuales y cognitivas) que pueden ser reemplazadas por la tecnología, enfrentarían una menor demanda.

Una limitación de esta investigación desde la perspectiva de los formuladores de políticas en América Latina y otras regiones del hemisferio sur es que la mayor parte se ha llevado a cabo en países más desarrollados. Esto es importante dado que los países emergentes tienen estructuras económicas diferentes a los países desarrollados, lo que podría conducir a diferentes tendencias en el progreso tecnológico.

Una diferencia fundamental es que el proceso de aceleración tecnológica ligado a la automatización, la digitalización y la penetración de la inteligencia artificial probablemente no afectará a América Latina con la misma intensidad o velocidad que a los países asiáticos desarrollados o emergentes. Por ejemplo, hay evidencia  de que la transición de trabajos rutinarios a no rutinarios en países de ingresos bajos y medianos entre 2000 y 2017 habría sido significativamente más modesta que la observada en los países desarrollados.

Esto no sería una experiencia nueva. En épocas anteriores de aceleración tecnológica a nivel global, América Latina ha mostrado mucho menos dinamismo que las regiones que lideraron los procesos. Esto, a su vez, conduce a aumentos significativamente más modestos en el producto per cápita y un retraso en la productividad.

Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, las economías de EE. UU. y Europa Occidental experimentaron una aceleración significativa en el crecimiento del producto per cápita, lo que generó una divergencia significativa con la dinámica de crecimiento de América Latina (ver Figura 1).

Más recientemente, en los últimos 40 años, se ha producido una fuerte aceleración de las economías emergentes del este de Asia, encabezadas por China, mientras que las economías más desarrolladas han tenido una desaceleración moderada y América Latina ha continuado sin un quiebre significativo en su dinámica de crecimiento. La Figura 2 muestra los caminos contrastantes de convergencia de Asia Oriental y América Latina hacia las economías desarrolladas.

Figura 1. PIB per cápita por región 1900 a 2018

(costes de 2011)

 Fuente: Base de datos del proyecto Madison 2020.

Figura 2. PIB per cápita por región 1980–2025

(como porcentaje del PIB per cápita de las economías desarrolladas, según la paridad del poder adquisitivo -PPA- de 2017)

 Fuentes: WEO y FMI.

Esto sugiere que el cambio tecnológico suele llegar a los países latinoamericanos con mucha menos intensidad. También implica que los desafíos asociados con el desempleo tecnológico y la polarización laboral identificados por la investigación pueden ser menos relevantes que en los países desarrollados.

De hecho, el último episodio de aceleración tecnológica puede ser otro en el que América Latina sea incapaz de capitalizar para acelerar su crecimiento y reducir las brechas de productividad con economías más desarrolladas. Por lo tanto, una preocupación central para los formuladores de políticas de la región debería estar relacionada con evitar las fallas de productividad asociadas con las revoluciones tecnológicas anteriores.

La incorporación de nuevas tecnologías que permitan evitar una creciente brecha de productividad con los países más desarrollados no se dará de manera natural. Debe haber las condiciones adecuadas y los incentivos económicos apropiados.

En cuanto a las condiciones para la incorporación de nuevas tecnologías, la región se encuentra claramente en desventaja en términos de infraestructura, capital humano e inversión en investigación y desarrollo (I+D). La automatización y la digitalización requieren una infraestructura digital, pero también un capital humano adecuado para poder trabajar con las nuevas tecnologías. Los problemas de cobertura y calidad de la educación pueden ser limitaciones significativas para capitalizar la “cuarta revolución industrial”.

A su vez, el menor grado de investigación local determina que la mayor parte del tiempo América Latina busque adaptar las innovaciones tecnológicas en base a motivaciones o contextos de otros lugares. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos que ahorran mano de obra son claramente consistentes con el desafío de las economías que se encuentran en procesos avanzados de transición demográfica y que esperan reducciones en el tamaño de su fuerza laboral en las próximas décadas.

Pero el objetivo de ahorrar mano de obra es menos relevante en América Latina u otras partes del hemisferio sur donde, a pesar de ciertas heterogeneidades entre países, se proyecta un crecimiento significativo de la población en edad de trabajar al menos hasta mediados de siglo. Este desajuste entre los objetivos de las innovaciones tecnológicas y el contexto regional se traduce en incentivos menos alineados con la incorporación de tecnología.

Primero, las decisiones de reemplazar el trabajo humano por capital están estrictamente relacionadas con el coste relativo de ambos factores. Los salarios en América Latina son más bajos que en economías más desarrolladas, lo que podría estar retrasando las decisiones de sustitución.

Estos costes se ven afectados por características estructurales como las diferencias relativas en la dotación de factores. Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los países más desarrollados, en los países de América Latina se espera un aumento significativo de la fuerza laboral, lo que puede limitar el aumento relativo en el costo de este factor.

En este sentido, los principales desafíos de las políticas públicas en la región deben centrarse en reducir las brechas de infraestructura, continuar aumentando la cobertura y calidad educativa y apuntar a una mayor inversión en I+D, innovación y desarrollo.

Segundo, en términos de instituciones laborales, es fundamental evitar una narrativa de ansiedad tecnológica que conduzca a una agenda a favor de la desregulación. El objetivo de evitar la automatización de trabajos específicos para preservar el empleo puede conducir a propuestas de desregulación y reducción de salarios o beneficios laborales, lo que a su vez puede reducir efectivamente los incentivos para automatizarse.

Es crucial evitar altos costos en una transición que implica cambios significativos en el perfil de tareas de los trabajadores. Aún así, la respuesta a este nuevo impulso tecnológico de ninguna manera puede intentar reducir los incentivos para la adopción de nuevas tecnologías.

La tendencia a la baja de los costes de las diferentes opciones tecnológicas determinará que, en algún momento, las tecnologías acaben incorporándose a la producción. El problema es que esto podría ocurrir cuando dejen de ser tecnologías de punta y el mundo desarrollado ya esté en una quinta revolución tecnológica.

En ese caso, los desafíos distributivos y de reconversión laboral para América Latina serán manejables, pero gran parte de los trabajadores de la región seguirán inmersos en trabajos precarios de baja productividad, bajos ingresos y poca protección social.

En resumen, si bien es menos discutido en las investigaciones sobre el futuro del empleo, el mayor riesgo para América Latina es que la cuarta revolución tecnológica global tenga muy poco impacto en los mercados laborales de la región.

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Las tecnologías emergentes tienen el potencial de transformar la forma en que trabajamos, vivimos y jugamos. El pasado trae una gran cantidad de ejemplos de cómo las tecnologías han dado forma a nuestro trabajo y sociedad actuales. Con la adopción de la electricidad, la fabricación se descentralizó más, lo que permitió el crecimiento de empresas más pequeñas. Con el mayor uso de computadoras e Internet, las organizaciones conectadas globalmente que se comunican de forma asincrónica se han vuelto comunes.

Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías introduce nuevos riesgos. La electricidad permitió la extensión de las horas de trabajo más allá de los límites razonables; y un aumento en el tiempo dedicado a actividades solitarias facilitadas por computadoras e Internet a menudo se asocia con efectos negativos sobre el bienestar.

El Foro Económico Mundial argumenta que las tecnologías de la “Industria 4.0” difieren de las innovaciones anteriores en que son exponencialmente más que linealmente disruptivas. La tasa de disrupción es tan extrema que la narrativa predominante parece ser “súbete al nuevo carro o te quedas atrás”. Esto se aplica a las economías, las organizaciones y los trabajadores.

Las plataformas digitales son un ejemplo de tal disrupción. Los nuevos modelos de negocios han transformado industrias como la de los viajes compartidos y la entrega de alimentos, creando nuevas oportunidades de trabajo.

Los nuevos negocios son particularmente poderosos en economías con un alto nivel de desempleo estructural y donde los trabajadores están desesperados por ganarse la vida y carecen de protección social. Las plataformas digitales crean una gran cantidad de oportunidades laborales, atrayendo trabajadores independientemente de la calidad del trabajo ofrecido.

En el hemisferio sur, los trabajadores tienen acceso limitado a las tecnologías de la información y la comunicación, poca alfabetización digital, pocas oportunidades de “recapacitarse” o «mejorar sus habilidades» y ninguna red de seguridad a la que recurrir. Teniendo en cuenta estos desafíos desde la perspectiva de un trabajador, subirse al carro es una necesidad para sobrevivir, incluso si es a costa de su salud o de sus perspectivas a más largo plazo.

Al asumir nuevos tipos de trabajo, los trabajadores deben afrontar los nuevos riesgos que acompañan a dicho trabajo. Dado que los trabajadores de las plataformas digitales son considerados los jefes autónomos de sus propios negocios, no tienen garantizada la estabilidad de ingresos.

Para los trabajadores que tienen las habilidades para negociar una tasa alta y la educación financiera para ahorrar para el futuro, los nuevos arreglos ofrecen flexibilidad con estabilidad. Pero para muchos trabajadores en la “economía gig”, la falta de estabilidad de ingresos, la falta de protección que ofrecen las plataformas digitales y la falta de desarrollo de habilidades a largo plazo los han dejado en una situación precaria.

Para los responsables de la formulación de políticas, la tarea es compleja. En términos de medidas a corto plazo que pueden tener un impacto inmediato, los gobiernos deberán considerar la mejor manera de regular la economía gig. Desde una perspectiva a largo plazo, los gobiernos deberán considerar cómo hacer que los trabajadores estén más “preparados para el futuro” para que puedan negociar un trabajo decente.

Explorando con más detalle la estrategia de corto plazo, regular en exceso economías que ya han sido devastadas por la pandemia quitaría oportunidades laborales, lo que llevaría a un aumento del desempleo y subempleo. Esto sería contraproducente para los propios trabajadores.

Sin embargo, la regulación insuficiente permitiría que las grandes plataformas digitales exploten los mercados laborales precarios que ya prevalecen en el hemisferio sur. Permitiéndoles bajar los salarios, aumentar el control y seguir sin rendir cuentas por las duras condiciones de trabajo. Tales prácticas crearían una desalineación futura con el

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Los responsables de la formulación de políticas tendrán que encontrar un camino intermedio que permita a los trabajadores participar en la economía gig mientras les brinda derechos y, lo que es más importante, una red de seguridad social que los proteja de la pobreza.

El Código de Seguridad Social 2020 es un intento del gobierno indio de encontrar un camino intermedio. Su intención es ofrecer una red de seguridad a los trabajadores en la economía gig sin reducir las oportunidades creadas por las plataformas digitales. Si bien el código está lejos de ser ideal y aún no se ha visto su implementación efectiva, es un reconocimiento de que los legisladores están explorando formas creativas de brindar a los trabajadores de la economía informal mejores derechos y protecciones que no conduzcan a la huida de las plataformas digitales.

Antes de dicha regulación, la mayor parte del impulso por la legislación y los fallos se ha centrado en redefinir la relación entre las plataformas digitales y los trabajadores de la economía gig. Si bien las soluciones en las que los trabajadores deben ser tratados como empleados tienen la clara intención de mejorar las condiciones, en ciertos casos han demostrado ser contraproducentes y/o difíciles de aplicar más allá de un solo caso. En algunos casos, las plataformas digitales han reaccionado a la regulación retirándose de algunos países, dejando a muchos trabajadores de la economía informal desplazados y a los gobiernos enfrentando la difícil tarea de crear nuevas oportunidades.

Sin embargo, si se toma una posición regional fuerte, es posible que las plataformas digitales no tengan más remedio que aceptar nuevos términos. Por ejemplo, como resultado de un nuevo plan de la Unión Europea (UE) centrado en mejorar los derechos de los trabajadores de la economía gig, se espera que más de 4.1 millones de personas que trabajan para aplicaciones de transporte compartido y entrega de alimentos sean reclasificadas como empleados.

Con países en el hemisferio sur que carecen de una voz colectiva como la UE, y con muchos gobiernos que luchan por crear empleos para sus grandes poblaciones en edad laboral, este enfoque es difícil. Las decisiones fragmentadas tomadas por países individuales reducen el poder de los formuladores de políticas, cambiándolo a las plataformas digitales que pueden amenazar con llevar sus negocios y los trabajos asociados a lugares que están menos regulados. Los responsables de la formulación de políticas en cada país tendrán que encontrar soluciones creativas que les ayuden a transitar por un camino intermedio.

En términos de una estrategia a más largo plazo, los formuladores de políticas deben considerar la mejor manera de reformar sus sistemas educativos. Esto debe implicar mejorar el acceso, cambiar el plan de estudios, crear mejores caminos desde la educación hasta el trabajo y promover un ecosistema de intermediarios sociales y asociaciones del sector público y privado para brindar capacitación en habilidades alineadas con las demandas cambiantes del mercado laboral.

Tanto en las estrategias a corto como a largo plazo, hay múltiples partes participando en el juego. Por lo tanto, los diálogos de múltiples partes interesadas que incluyen una variedad de perspectivas pueden ser un enfoque útil para diseñar políticas efectivas.

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El cambio tecnológico es uno de los principales motores del crecimiento económico y del progreso social. Pero los grandes cambios en la tecnología también son profundamente disruptivos, al menos a corto plazo, y pueden requerir respuestas en materia de políticas para facilitar la transición.

En las últimas décadas, ha surgido una nueva preocupación: es probable que los avances en tecnología digital y la robótica reemplacen las tareas rutinarias que siguen reglas bien definidas, fácilmente automatizadas basadas en algoritmos basados en reglas. Se examinó este asunto mediante el enfoque basado en tareas para el análisis del lugar de trabajo: la idea principal aquí es que la complementariedad o sustituibilidad entre la tecnología y el trabajo depende de que tan susceptibles sean las diferentes tareas a la automatización.

La mayoría de los estudios de los países desarrollados han encontrado evidencia de  polarización laboral: las tareas rutinarias se concentran en gran medida en el centro de la distribución de habilidades y, por lo tanto, el empleo se ha concentrado cada vez más en ocupaciones de altos salarios y ocupaciones de bajos salarios, a expensas de los trabajos tradicionalmente de habilidades medias.

En un estudio reciente, exploramos estos temas en las seis economías más grandes de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que en conjunto representan el 79% de la población total del continente y el 86% de su PIB total) en las últimas dos décadas. En particular, documentamos patrones de cambio en el empleo por ocupación, caracterizados por diferentes grados de exposición a tareas rutinarias.

Hacemos uso de un nuevo y rico conjunto de datos, la encuesta del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIACC), para construir medidas del contenido de tareas rutinarias de los empleos reales de los trabajadores en América Latina. Los combinamos con microdatos de cerca de cinco millones de trabajadores en las seis economías más grandes de la región a lo largo de dos décadas, a partir de encuestas nacionales armonizadas de familias realizadas por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y el Banco Mundial.

Encontramos evidencia sobre seis aspectos importantes del vínculo entre la automatización y el empleo en América Latina.

La exposición a tareas rutinarias disminuye con la educación

La exposición a la rutinización es heterogénea entre grupos demográficos y socioeconómicos y entre países. La asimetría más destacada se encuentra entre los grupos de habilidades: nuestro índice de contenido de tareas rutinarias disminuye muy lentamente hasta alrededor de diez años de educación y cae abruptamente a partir de entonces (ver Figura 1).

En promedio para las seis economías más grandes de América Latina, nuestro índice de contenido de tareas rutinarias es de 0.603 para los no calificados, algo más pequeño para los semicualificados (0.527), y mucho más bajo para los trabajadores cualificados (0.341).

Figura 1: Índice de rutinización por años de educación y género

Nota: El eje horizontal muestra los años de educación formal. El eje vertical muestra el índice de contenido de tareas rutinarias construido a partir de microdatos del PIAAC. La figura reporta el valor medio no ponderado para las seis economías latinoamericanas incluidas en el análisis: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

La automatización afecta a quienes realizan tareas rutinarias

Nuestros resultados son consistentes con investigaciones anteriores que indican que los trabajadores que realizan tareas rutinarias tienen más probabilidades de haberse visto afectados por la automatización. Durante el período, el aumento de los empleos fue disminuyendo significativamente en el grado de rutinización (véase la Figura 2). Al menos desde mediados de la década del 2000, la estructura del mercado laboral en América Latina se ha movido lentamente hacia ocupaciones con un menor grado de exposición a la rutinización.

Figura 2: Tasa de crecimiento en el número de trabajadores por quintiles del índice de contenido de tareas rutinarias

Nota. Ocupaciones ordenadas por quintiles de contenido de tareas rutinarias en el eje horizontal. 

El tamaño de los cambios depende del ciclo económico

La magnitud de los cambios no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. Durante la expansión de la década del 2000, el empleo aumentó para todos los grupos, pero especialmente en aquellas ocupaciones que se vieron menos afectadas por el continuo proceso de creciente automatización (véase la Figura 2). El patrón fue similar, aunque menos marcado durante la más lenta década del 2010.

No hay evidencia de polarización

Dado el patrón decreciente del contenido de tareas rutinarias en educación y salarios, no encontramos evidencia de polarización en el mercado laboral.

Algunos autores sugieren posibles razones por las que, a diferencia de las economías avanzadas, la polarización no aparece en los datos de los países en desarrollo (al menos no todavía). Las diferentes distribuciones ocupacionales iniciales, el impacto de los empleos deslocalizados o el efecto de las nuevas tecnologías en el fomento de sectores que emplean empleos de habilidades medias son algunas posibles explicaciones.

Pérdidas de empleo, pero no reducciones salariales

En el período analizado, las ocupaciones de alta rutina experimentaron reducciones en la participación en el empleo, pero no en los salarios reales y relativos. De hecho, la evidencia sugiere que cuando la economía estaba creciendo, los trabajadores no calificados de bajos salarios en ocupaciones de alta rutina lograron obtener aumentos salariales más altos que el resto. En períodos de estancamiento, hubo pocos cambios en la estructura de los salarios relativos.

Las mujeres no cualificadas son particularmente vulnerables

Encontramos que las trabajadoras poco calificadas y mal remuneradas que realizan tareas rutinarias son particularmente vulnerables a la automatización. En particular, mientras que el empleo de las mujeres creció sustancialmente más que el empleo de los hombres en trabajos con bajos niveles de automatizabilidad, la brecha desapareció o incluso se invirtió entre los trabajos con alto contenido de tareas rutinarias.

La necesidad de invertir en educación y capacitación 

Nuestros hallazgos sugieren que la capacitación de las personas más vulnerables, en particular las mujeres, y la inversión en la educación de las generaciones más jóvenes son elementos clave para garantizar que los beneficios futuros del progreso tecnológico se distribuyan a toda la población.

Autores :

Irene Brambilla, es profesora de Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigadora del CONICET. Anteriormente ocupó cargos como Profesora Asistente en la Universidad de Yale y miembro de investigación de la facultad en el NBER.

Andrés César es Profesor Asociado de Economía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).

Guillermo Falcone  es Profesor Asociado de Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).

Leonardo Gasparini es fundador y director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Carlo Lombardo es investigador junior del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde realizó una maestría en 2021.

Este artículo fue publicado como parte de nuestra serie Future of Work desarrollada en asociación con Future of Work in the Global South (FoWiGS), una iniciativa financiada por el IDRC y administrada por CIPPEC. Ramiro Albrieu, líder de proyecto de FoWIGS, se unió a nuestro panel de revisión para esta serie.

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